La Justicia Federal hizo lugar a la medida cautelar del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional - Casa Central (SEVINA) y suspendió el DNU de Javier Milei para disolver Vialidad Nacional. Aún resta una resolución sobre la inconstitucionalidad del decreto en cuestión, pero la medida cautelar le pone un freno a la motosierra.
La medida fue tomada por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2 luego de la cautelar de uno de los seis gremios que representan a los más de cinco mil trabajadores de la DNV.
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La aceptación del amparo fue confirmada por la secretaria general de Sevina, Emiliana Mcnamara, quien indicó que a partir de ahora rige una medida de no innovar por la cual “por ahora no podrían avanzar contra la disolución de Vialidad”.
“Vialidad tiene una creación a partir de un decreto ley, que indica que no se podría disolver porque es un ente autárquico que funciona de manera autónoma”, explicó la dirigente a Canal Abierto.
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La Justicia falló en contra del cierre de Vialidad
La suspensión del decreto 461/2025 que ordenaba la disolución del organismo y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Economía y a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte fue fundamentada en que la Ley Bases (Nº 27.742) no otorgó facultades delegadas para el cierre de un ente autárquico como lo es Vialidad, que, además, fue creado por ley hace más de 93 años.
En la resolución judicial de nueve páginas a la que accedió Ámbito se advierte sobre el peligro que presentaba la inminente aplicación del decreto, ya que podría generar “traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales” en un organismo técnico que requiere autonomía para cumplir con su rol.
Además, la jueza Forns destacó que el artículo 32 del decreto cuestionado condicionaba la estabilidad del personal a futuras decisiones administrativas, en violación de los convenios colectivos de trabajo vigentes y normas de jerarquía constitucional.
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Y ahora, ¿cómo sigue?
De esta manera, la dirección encargada de planificar y ejecutar obras viales debería seguir existiendo como tal, hasta tanto un juzgado resuelva la cuestión de fondo, que es la legalidad del cierre orquestado por el Ministerio de Desregulación encabezado por Federico Sturzenegger.
Mcnamara destacó que el objetivo es “mantener Vialidad Nacional, porque es el ente que se tiene que encargar de cuidar las rutas nacionales”. Y a este problema “no se lo resuelve ni desfinanciando ni disolviendo nacional”, destacó.
“Tenemos una alegría inmensa. Tenemos Vialidad para rato, ojalá que sea así. Y si no, seguiremos luchando desde lo político, en la calle y en la Justicia”, concluyó.
La presentación de Sevina no fue la única que se efectivizó contra el cierre de Vialidad. El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) había presentado también una acción de amparo contra la disolución de ese organismo, así como también de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.
Este último planteo pidió que el decreto sea declarado inconstitucional y que, por lo tanto, se suspendan sus efectos.
