En una reunión que se llevó a cabo hoy en Balcarce 50, el oficialismo redefinió sus prioridades para el período de sesiones Extraordinarias que se extenderá desde el próximo lunes hasta el viernes 27 de febrero. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado de confirmar que la Ley Penal Juvenil se sumará formalmente al listado de proyectos. El objetivo es ambicioso y polémico: el Ejecutivo intentará bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años.
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Aunque la iniciativa presentada originalmente en comisión planteaba el umbral de los 14 años, en el encuentro de este lunes se decidió que "en breve se presentaría una enmienda para llevar ese piso a los 13 años". De la reunión participaron figuras centrales del esquema de poder actual: Karina Milei, los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía), Martín Menem (Diputados), la senadora Patricia Bullrich, el asesor Santiago Caputo e Ignacio Devitt (Asuntos Estratégicos).
Bullrich y el clamor por "Justicia y Consecuencias"
La principal impulsora de este endurecimiento fue la senadora Patricia Bullrich, quien ha utilizado casos recientes de inseguridad para motorizar el debate en la opinión pública. Tras el asesinato de Gustavo Javier Pairó en José C. Paz a manos de dos motochorros (uno de ellos menor), Bullrich fue categórica: "13 y 18 años: motochorros asesinos. Uno quedará preso. El menor, probablemente libre. El nuevo Código Penal y la Ley Penal Juvenil vienen a terminar con esta locura".
La senadora también apuntó contra la parálisis legislativa de años anteriores, vinculando la falta de sanciones con la impunidad actual. Tras el crimen de Jeremías Monzón, cuestionó que la ley "estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara. El resultado es este: menores que cometen los peores delitos y salen impunes". Bajo la premisa de que "sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir", el oficialismo busca presionar a la oposición para que defina su postura frente a la demanda social de seguridad.
La Reforma Laboral: El objetivo de fondo
A pesar de la irrupción de la agenda penal, el núcleo duro de las sesiones extraordinarias sigue siendo la modernización laboral. El Gobierno meter esta reforma como sea y, para ello, ha intensificado las negociaciones con una decena de gobernadores. Sin embargo, el camino no está libre de obstáculos: persiste una fuerte resistencia de los mandatarios provinciales por el apartado fiscal de la iniciativa, que les restaría recursos coparticipables.
Pese a las dudas, en los pasillos de la Rosada el optimismo es la moneda corriente. "Estamos muy confiados", deslizó un funcionario tras el encuentro de este lunes. La estrategia es clara: avanzar con un paquete que incluya desde la reforma de la Ley de Glaciares hasta el histórico acuerdo Unión Europea-Mercosur, obligando al Congreso a sesionar sobre temas de alto impacto económico y social durante todo el mes de febrero.
