Tras la aprobación del Presupuesto 2026, la Cámara Alta convirtió en ley un proyecto que redefine el Régimen Penal Tributario. Con 43 votos a favor y 26 en contra, la iniciativa busca actualizar los montos mínimos para procesar judicialmente a los evasores, los cuales se encontraban desfasados por la inflación, y facilitar que los "dólares del colchón" se reincorporen al circuito legal.
Te puede interesar
Reconfiguración de los umbrales de evasión
La nueva normativa establece saltos significativos en las cifras que determinan cuándo un incumplimiento se considera delito penal:
-
Evasión simple: El piso para ser procesado sube de $1.500.000 a $100.000.000 (penas de 2 a 6 años).
-
Evasión agravada: El umbral se eleva de $15.000.000 a $1.000.000.000 (penas de 3 años y medio a 9 años).
-
Uso de testaferros o estructuras complejas: Si se utilizan figuras jurídicas para ocultar al beneficiario, el monto para que se considere delito será de $200.000.000, reemplazando los actuales $2.000.000.
-
Facturas apócrifas: El perjuicio detectado por documentos falsos deberá superar los $100.000.000 para entrar en el régimen penal.
Controversia por las multas automáticas
Uno de los puntos más cuestionados por la oposición fue el incremento en las sanciones administrativas, que en algunos casos superaría el 110.000%. Como ejemplo, las multas por incumplimientos formales para personas físicas saltarían de $200 a $220.000, mientras que para empresas pasarían de $400 a $440.000.
Ante el reclamo de que esto afectaría a pequeños comercios, el oficialismo se comprometió a corregir la aplicación de estas penalidades durante la reglamentación de la ley para no asfixiar a las pymes.
Visiones enfrentadas en el recinto
El debate dejó expuestas dos posturas antagónicas sobre el rol del Estado y el contribuyente:
-
Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza): Defendió la ley argumentando que el sistema actual es un "sistema de asimetrías" que lesiona a los contribuyentes. Agregó que la inflación generó un "sistema anacrónico, que deja desactualizado los umbrales".
-
Patricia Bullrich (La Libertad Avanza): Sostuvo que la medida busca que las personas usen su capital sin una "espada de Damocles" sobre su cabeza. Afirmó que el objetivo es "poner fin a la persecución" para que los ciudadanos puedan "trabajar en paz".
-
Martín Soria (Unión por la Patria): Cuestionó la norma alegando que a las pymes "no sólo no las ayuda, sino que les tira un poco más de tierra para que se hundan en el barro".
-
Andrea Cristina (PRO): Apoyó el texto señalando que existe un "correcto cambio de perspectiva con respecto al contribuyente" y que se optimizarán los recursos de fiscalización.
