En una sesión atravesada por fuertes cruces políticos y protestas en las inmediaciones del Parlamento, el Senado de la Nación Argentina convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La iniciativa forma parte del paquete de transformaciones estructurales que el oficialismo presenta como eje central de su programa económico.
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La norma introduce cambios profundos en el régimen de contratación, las indemnizaciones y la negociación colectiva, y abre un nuevo escenario para empleadores y trabajadores en todo el país.
Qué cambia con la reforma
El texto aprobado modifica aspectos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo y establece un marco más flexible en distintas áreas:
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Indemnizaciones: se habilitan mecanismos alternativos, como fondos de cese laboral acordados por convenio colectivo, que reemplazan el esquema tradicional de indemnización por despido.
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Período de prueba: se amplía el plazo durante el cual el empleador puede extinguir la relación laboral sin obligación indemnizatoria plena.
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Blanqueo laboral: se crea un régimen de regularización de empleo no registrado con reducción de multas y sanciones.
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Negociación colectiva: se fortalece la posibilidad de acuerdos a nivel de empresa, lo que en los hechos puede modificar la dinámica de los convenios sectoriales.
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Reducción de litigiosidad: el oficialismo sostiene que la reforma apunta a disminuir los juicios laborales y los costos asociados.
Desde el Gobierno aseguran que el objetivo es “modernizar” el mercado de trabajo, incentivar la contratación formal y generar condiciones más atractivas para la inversión privada en un contexto de recesión y caída del empleo registrado.
Reacciones sindicales y clima social
Las principales centrales obreras rechazaron la reforma y anticiparon medidas de fuerza. La Confederación General del Trabajo calificó la ley como un “retroceso en derechos adquiridos” y advirtió que evaluará nuevas acciones gremiales.
Durante el tratamiento legislativo se registraron movilizaciones en las inmediaciones del Congreso, con un importante despliegue de fuerzas de seguridad. La discusión volvió a exponer la tensión entre el programa de reformas estructurales del Ejecutivo y el movimiento sindical.
El impacto político
La aprobación representa un triunfo legislativo clave para la Casa Rosada, que venía enfrentando dificultades para consolidar mayorías estables. Tras su paso por el Senado, la norma fue ratificada en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, completando así el proceso parlamentario.
El oficialismo considera la reforma laboral como una pieza central de su plan económico, junto con el ordenamiento fiscal y la desregulación de distintos sectores productivos. Para la oposición, en cambio, la ley implica un cambio de paradigma que debilita la posición del trabajador frente al empleador.
Un nuevo escenario
Con la promulgación pendiente y la reglamentación en marcha, el foco ahora estará puesto en la implementación concreta de la norma y en su impacto real sobre el empleo formal, la conflictividad laboral y la dinámica de los convenios colectivos.
La reforma laboral marca un punto de inflexión en la legislación argentina. El debate, lejos de cerrarse con la votación parlamentaria, recién comienza en el terreno económico, judicial y social.