El Gobierno sigue adelante con su plan de vaciar el Estado de bienes y activos. Esta vez, la apuesta es por los remates online.
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Con la publicación de la Resolución 120/26, la administración de Javier Milei abrió una licitación pública para contratar plataformas digitales que organicen las subastas de bienes muebles en desuso o en estado de rezago.
La firma de la medida quedó a cargo de la titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Tania Yedro.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a explicar la iniciativa con un posteo en X. Allí enumeró los problemas que, según su mirada, hacían casi imposible vender un bien público: trámites eternos, papeleo, gastos de depósito y seguros.
El Gobierno desregula la venta de bienes públicos con plataformas online
"Los trámites eran interminables, las demoras muchas, para vehículos, por ejemplo, las demoras llevaban el bien a la obsolescencia, y para colmo durante ese período de espera había que pagar depósito, seguros y mil cosas más", escribió el funcionario.
Sturzenegger también se encargó de justificar el método con ejemplos extranjeros: "Es un modelo que se usa en otros países. Brasil por ejemplo lo tiene implementado por ley hace décadas. Otros países como Chile tienen sistemas mixtos estatales y privados". Para los interesados en participar, el ministro dejó un enlace: comprar.gob.ar.
El abanico de bienes que el Estado podrá poner a la venta es amplio. Incluye autos, camionetas, motos, camiones, maquinaria pesada, equipos industriales, embarcaciones, aeronaves, equipamiento militar y de seguridad, obras de arte, libros, bienes decomisados y cualquier otro elemento que haya sido declarado en desuso u obsoleto. En resumen, casi todo lo que no sirve o no se usa puede terminar en un remate digital.
Uno de los cambios más relevantes de la nueva normativa tiene que ver con los límites. A partir de ahora, los bienes cuyo valor no supere los 400 módulos podrán venderse de manera directa a través de las plataformas privadas que resulten adjudicatarias de la licitación. También aplica para aquellos activos que no logren venderse después de dos subastas electrónicas.
Pero la venta directa no es automática. Si durante el proceso de publicación aparecen dos o más interesados, la operación se resolverá con una nueva subasta electrónica.
El sistema reemplazará en parte a la plataforma SUBAST.AR, que hasta ahora concentraba las ventas del Estado, y se suma a la política de venta de inmuebles públicos que el Gobierno ya viene impulsando.
El nuevo esquema también exige ciertos requisitos para los bienes registrables. En el caso de los vehículos, por ejemplo, el vendedor deberá contar con el título de propiedad, el informe de dominio, el estado de deudas, la documentación registral y la verificación policial. Todo para evitar que el remate termine en un problema judicial.
La reglamentación incluye algunos resguardos: ningún bien podrá venderse por debajo de su valor contable, y las tasaciones deberán estar respaldadas por organismos especializados.
