El Gobierno de Javier Milei justificó el veto a la ley que declaraba la emergencia y catástrofe en la provincia de Buenos Aires, con especial foco en los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales. bajo el argumento de que "duplicaba la asistencia ya dispuesta" por el Ejecutivo.
"El 1° de abril, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Gobierno Nacional asistió a Bahía Blanca con 200.000 millones de pesos para ayudar de manera directa a los damnificados", inició el mensaje escrito por el vocero Manuel Adorni en la red social X.
Y agregó: "también brindó una ayuda económica de $10.000 millones al municipio, lanzó tres líneas de financiamiento desde el Banco Nación, completó nueve vuelos cargados de insumos y medicamentos, envió ambulancias y un hospital móvil y desplegó los recursos de las fuerzas federales para rescatar a 716 personas".
"Hoy, casi tres meses después (sí, casi tres meses después), la casta política pretende hacer política con la tragedia aprobando en el Congreso un proyecto que se superpone con los recursos ya transferidos. Por eso, el presidente Javier Milei vetó la ley que duplicaba la asistencia ya dispuesta", indicó.
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El presidente Javier Milei vetó este martes en su totalidad el proyecto de Ley 27.790, que declaraba la emergencia y catástrofe en la provincia de Buenos Aires, con especial foco en los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales. Se trata de las zonas más afectadas por las inundaciones de marzo pasado.
El Decreto 424/2025, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, devuelve la iniciativa al Congreso de la Nación y deja sin efecto la creación de un fondo especial de $200.000 millones para asistencia y reconstrucción. El veto fue refrendado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La decisión impacta directamente en los habitantes de las zonas afectadas, quienes esperaban la instrumentación de medidas de alivio económico, suspensión de obligaciones contractuales y acceso a créditos blandos para la reconstrucción de viviendas y apoyo a sectores productivos.
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La iniciativa declaró la emergencia en el territorio bahiense por 180 días y dispone la creación de un fondo especial con la intención de reconstruir la ciudad, que sufrió la muerte de 16 personas y graves problemas sociales y económicos por la grave inundación.
Los $200 millones determinados por el Congreso se destinará a otorgar subsidios y créditos para la reconstrucción de la estructura edilicia pública del Estado nacional, provincial y municipal, y para la construcción y reparación de viviendas de la población afectada. También se podrá utilizar para la reconstrucción y reparación que permita la normalización de los servicios públicos y para la refuncionalización de actividades.
Sin embargo, ahora el Gobierno desestimó la emergencia a través del decreto.
