El Senado de la Nación dio un paso fundamental para saldar una deuda pendiente con las personas con discapacidad.
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Este miércoles, en un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda —que preside el libertario Agustín Monteverde— y de Población y Desarrollo Humano —encabezada por la peronista Alicia Kirchner—, se firmó el dictamen del proyecto de ley de discapacidad.
La iniciativa, que obtuvo un amplio respaldo, mantiene los principales beneficios contemplados en la ley de emergencia y será debatida en el recinto el próximo 19 de noviembre.
Con amplio apoyo, la Ley de Discapacidad avanza en el Senado y se debate el 19 de noviembre
El respaldo fue transversal. El dictamen contó con el aval de La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, el PRO, la UCR y diversos bloques provinciales.
La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, fue la encargada de destacar el clima de acuerdo y la importancia de la norma. "El objetivo de superar la emergencia le ha dado a este Congreso un rol de encontrar una salida y no la pelea permanente", sostuvo la legisladora, marcando un contraste con la tónica de otras sesiones.
Uno de los puntos centrales que se mantienen es la compatibilidad entre la pensión por discapacidad y el empleo formal. Bullrich remarcó que esta es una herramienta fundamental para la integración y la autonomía de las personas con discapacidad.
"Si hay algo que ayuda a superar los problemas que puede tener una familia con personas con discapacidad es que puedan trabajar y ser integradas en la totalidad de sus posibilidades", afirmó.
Además, el dictamen garantiza la continuidad de los beneficios para los empleadores que contraten trabajadores por tiempo indeterminado, el régimen de empleo protegido y la cobertura de salud.
La aprobación de esta ley es clave para el Gobierno, que necesita responder al reclamo de sus bloques aliados. La ley de emergencia en discapacidad, sancionada por el Congreso el año pasado, fue vetada por el presidente Javier Milei en agosto de 2025.
De todas formas, el Congreso insistió con una mayoría de dos tercios, revirtiendo el veto en un hecho inédito en 22 años.
Para evitar un nuevo conflicto y garantizar la continuidad de las prestaciones, el oficialismo ahora impulsa este nuevo proyecto que, aunque no tiene el rango de emergencia, busca consolidar los derechos adquiridos.
