La Justicia dio este miércoles un paso clave al imputar por presunto lavado de dinero al empresario estadounidense Foster Gillett y a su apoderado en la Argentina, Guillermo Tofoni, ambos señalados como empresarios cercanos al presidente Javier Milei. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N°3 en lo Penal Económico, conducida por Emilio Guerberoff, que ya ordenó una batería de medidas para avanzar sobre el origen y destino de los fondos involucrados.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada en marzo por el fiscal federal Guillermo Marijuan, luego de una serie de movimientos irregulares registrados en el último mercado de pases del fútbol argentino y de distintas operaciones impulsadas por el Grupo Gillett. Según el expediente, las negociaciones —algunas concretadas y otras frustradas— rondan los 30 millones de dólares.
Entre los nombres que aparecen en la investigación figuran Cristian Medina, Rodrigo Villagra, Valentín Gómez y Ezequiel Piovi, futbolistas que quedaron en el centro de operaciones impulsadas por el grupo empresario. Todos ellos fueron citados a prestar declaración testimonial, junto a sus representantes, para detallar las circunstancias de los pases realizados o intentados.
Uno de los ejes centrales de la pesquisa es la promesa de inversión de 150 millones de dólares en Estudiantes de La Plata, anunciada por Gillett tras desembarcar en el país de la mano de Tofoni. A eso se suma un vínculo por 30 años con Rampla Juniors de Uruguay, lo que, según advierte el escrito judicial, configuraría un “triángulo Uruguay–Argentina–Europa” que genera serias dudas sobre el origen de los fondos.
En ese marco, Guerberoff dispuso el levantamiento del secreto fiscal de Gillett y Tofoni, así como el secreto bancario de Boca y Estudiantes, clubes involucrados en la operación por Cristian Medina. Además, ya intervino la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que elevó un dictamen que podría reforzar la hipótesis delictiva.
Un desembarco fallido en el fútbol argentino
Gillett comenzó a moverse en el fútbol local a mediados del año pasado, en un contexto político favorable al desembarco de capitales privados en los clubes, alentado desde el Gobierno nacional y con el debate sobre las Sociedades Anónimas Deportivas como telón de fondo.
El primer gran intento fue en Estudiantes de La Plata, bajo la conducción de Juan Sebastián Verón. Aunque se anunció una sociedad que incluía inversiones deportivas e infraestructura, el acuerdo nunca se formalizó en el plano institucional. El propio Verón habló luego de un intento “fallido” y señaló la falta de legislación como uno de los obstáculos.
La única operación concreta fue la llegada de Cristian Medina, tras el pago de los 15 millones de dólares de la cláusula de salida a Boca. Sin embargo, el mediocampista hoy está cerca de irse sin dejar ingresos al club platense, profundizando las dudas sobre el negocio.
La lista de negociaciones frustradas es extensa: Rafael Santos Borré, Valentín Barco, Luciano Acosta, Sebastián Driussi, Joaquín Correa, Gerónimo Rulli, entre otros. El único refuerzo que terminó llegando fue Ezequiel Piovi, cuyo pase debió pagar Estudiantes por los problemas financieros del empresario en el exterior.
Los conflictos se multiplicaron en otros clubes. Valentín Gómez quedó en un limbo tras una venta de 8,5 millones de dólares a Udinese que nunca se pagó. Rodrigo Villagra derivó en una denuncia penal de River, que acusó a Gillett y Tofoni de haber causado “graves perjuicios al patrimonio del club”. En San Lorenzo, el pase de Elián Irala expuso un préstamo incompleto y acuerdos internos que nunca pasaron por Asamblea.
Con este historial de promesas incumplidas, operaciones caídas y fondos que no aparecen, la imputación judicial marca un punto de inflexión. La causa avanza ahora sobre una trama que mezcla negocios deportivos, vínculos políticos y sospechas de lavado, y que amenaza con escalar mucho más allá del fútbol.
