La tensión entre el Gobierno de Javier Milei y la prensa crítica alcanzó un nuevo pico de conflicto este lunes. En una jornada marcada por la arbitrariedad, periodistas de diversos medios —con especial foco en El Destape— denunciaron que se les impidió el ingreso a la Casa Rosada mediante la inhabilitación de sus huellas digitales y la implementación de una "lista" de acceso controlado por la Oficina de Comunicación del Ejecutivo.
Los periodistas afectados, entre ellos Jonathan Heguier y Javier Slucki, relataron que al intentar cumplir con su cobertura habitual, se encontraron con un bloqueo sistémico. Según Slucki, la justificación esgrimida por funcionarios en la puerta vinculaba la medida con una presunta investigación sobre "espionaje de medios a través de servicios rusos", una acusación que carece de sustento judicial y que ha sido puesta en duda incluso por sus propios propulsores originales.
La "Operación Rusia": Un informe con pies de barro
El argumento del Gobierno para inhabilitar a los cronistas se apoya en un artículo publicado la semana pasada por la organización openDemocracy. El informe sostenía que un grupo de tareas ruso, denominado “La Compañía”, habría desembolsado u$s 283.000 para financiar más de 250 notas en 23 medios digitales argentinos con el fin de desgastar la gestión de La Libertad Avanza.
Sin embargo, la consistencia de esta denuncia se desmoronó en las últimas horas:
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Falta de pruebas: La propia editora de openDemocracy, Diana Carboni, admitió en diálogo con LN+ que la organización no tiene evidencia alguna de que esos pagos se hayan efectuado efectivamente a medios, periodistas o intermediarios.
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Oportunismo político: Desde los sectores afectados, el periodista Adrián Murano señaló que la difusión de esta noticia "sale en favor del Gobierno en su semana más crítica", en referencia a los escándalos por los créditos hipotecarios del Banco Nación y la evolución patrimonial de los altos mandos del Ejecutivo.
Listas negras y el rol de la Oficina de Comunicación
El testimonio de Javier Slucki describe un escenario de control ideológico sobre el ingreso a la sede del Poder Ejecutivo. "Un funcionario esperaba con una lista que permitía o negaba el ingreso. Me dijeron que mi huella estaba inhabilitada hasta que no se aclarara la cuestión de los servicios rusos", relató el cronista de El Destape.
Esta metodología ha sido calificada como un acto de autoritarismo libertario y una violación directa a la libertad de prensa y al derecho de la sociedad a estar informada. Según los denunciantes, la orden de restringir el paso a quienes "exhiben los pliegues oscuros del Gobierno" baja directamente de la cúpula de la comunicación oficial, sin mediar orden judicial ni proceso administrativo transparente.
El factor geopolítico: ¿Financiamiento de EE.UU.?
La polémica no se agota en la supuesta pista rusa. Adrián Murano, conductor de Verdades Afiladas, lanzó una contraacusación al asegurar que la operación de desprestigio contra los medios locales está "financiada por Estados Unidos". Según esta visión, se busca estigmatizar a la prensa que investiga las consecuencias sociales del ajuste económico y los presuntos casos de corrupción en la asignación de recursos públicos, como los préstamos millonarios otorgados por el Banco Nación a legisladores oficialistas.
En este contexto de "guerra informativa", la Casa Rosada parece haber optado por la vía de la exclusión física de los periodistas que no se alinean con el relato oficial, transformando el acceso a la información pública en un privilegio discrecional otorgado por el Gobierno de turno.
