Este miércoles, la Cámara de Diputados rechazó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Con 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados insistió con la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad y sumó un nuevo revés para el Gobierno.
De esta manera, el proyecto pasa al Senado donde necesitará reunir dos tercios para finalmente revertir el veto. En caso de que también se rechace el veto, el Presidente no puede usar su poder de veto cuando el Congreso insiste con un proyecto que ya fue vetado.
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Los detalles de la Ley de Emergencia en Discapacidad
El texto declara la emergencia en todo el territorio argentino hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Entre los puntos centrales, establece que las prestaciones arancelarias se actualicen desde diciembre de 2023 según la inflación acumulada, y que las pensiones no contributivas tengan una actualización mensual automática en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Además, fija que el monto de las pensiones por discapacidad no podrá ser menor al 70% del haber mínimo jubilatorio, lo que representa un intento de sostener el poder adquisitivo de quienes dependen de estos ingresos.
Por otro lado, en respuesta a las reiteradas demandas del sector, la propuesta apunta a fortalecer el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, regulado por la Ley 24.901, cuyo conjunto de prestadores —hogares, escuelas, centros de día, terapeutas, transportistas— fue recientemente foco de reclamos por falta de actualización en los valores que perciben.
En ese sentido, se prevé una actualización mensual automática de los aranceles de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC) informado por el INDEC, con financiamiento a cargo del Estado. Además, se establece una compensación de emergencia por la diferencia entre los incrementos otorgados en 2024 y la inflación acumulada en ese mismo período. Estos mecanismos buscarán dar respuesta a un problema muy concreto: que las personas con discapacidad se queden sin ayuda profesional (por ejemplo, maestras integradoras, terapias o traslados) por los bajos salarios y las demoras en los pagos.
El proyecto aprobado incluye también medidas específicas para los prestadores, como un régimen de regularización de deudas fiscales y de seguridad social, que contempla la condonación de intereses, multas y sanciones, así como la refinanciación de planes de pago vigentes y caducos.
Otro punto relevante es el financiamiento para el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y sus programas vinculados a salud, accesibilidad, inclusión, prevención y promoción del modelo social de discapacidad. A esto se suma el compromiso de garantizar recursos para la plena implementación de la Ley 26.816, que regula el régimen federal de empleo protegido para personas con discapacidad.
