La Sala II de la Cámara Federal en lo Penal de la Capital Federal resolvió declarar nula la causa conocida como “Operativo Puf”, al considerar que no existió delito. La investigación se había iniciado a partir de una serie de escuchas telefónicas a exfuncionarios kirchneristas detenidos, pero la justicia concluyó que las pruebas eran ilícitas y no había un tipo penal que justificara su tramitación.
El caso surgió a partir de grabaciones de conversaciones realizadas en prisión a Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi, quienes intercambiaban mensajes con Eduardo Valdés, Carlos Zelkovicz y Claudio Minnicelli. En uno de los audios que se filtró públicamente, el diputado Eduardo Valdés le decía al entonces detenido Schiavi que “va a haber novedades”, y que “Bonadio, Stornelli, puf”, frase que terminaría dándole nombre al expediente.
Fallo contundente: "Ninguna de las conductas denunciadas constituían delito"
El juez de Casación Penal Carlos Mahiques fue categórico en su resolución: “Tras casi seis años desde que iniciaron las actuaciones, ninguna de las partes acusadoras ni tampoco los diferentes jueces intervinientes lograron precisar cuál sería el delito investigado en autos o a qué tipo penal correspondería subordinar legalmente las 'maniobras' investigadas”.
Más adelante, Mahiques concluyó: “Ninguna de las conductas denunciadas constituían delito".
La denuncia había sido impulsada por el fiscal Carlos Stornelli, junto a las diputadas Elisa Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic, contra Eduardo Valdés, el juez Juan María Ramos Padilla y Juan Pablo Schiavi. Sin embargo, a lo largo del proceso ninguno de los denunciados fue citado a declarar, lo que terminó siendo uno de los elementos que reforzó la decisión judicial de anular el caso.
Escuchas ilegales: “prueba ilícita” y violación del derecho a la privacidad
Dos años atrás, el fiscal Franco Picardi ya había dictaminado que la investigación no debía continuar, por considerar que las escuchas telefónicas utilizadas eran ilegales.
“Las escuchas y transcripciones mencionadas carecen de entidad para ser consideradas válidas de conformidad con las reglas de la exclusión de la prueba -y de las nulidades-, por cuanto se trata de prueba ilícita, y su obtención y utilización vulnera el derecho a la intimidad y a la privacidad”, señaló Picardi en su dictamen.
También dejó en claro que no había forma de convalidarlas de manera legal: “No surgen del caso posibles fuentes independientes que permitan la incorporación de la prueba aquí cuestionada: la transcripción y filtración de escuchas ordenadas por fuera de una orden judicial no resulta lícita, un juez no puede autorizar escuchas ni dispensarlas ex post, y ningún artículo o nota periodística puede servir tampoco como sustento para requerir el producido de intervenciones telefónicas que no fueron realizadas en el estricto marco que delimitaba una orden judicial”.
Un caso sin sustento penal, pero con alta repercusión política
La denuncia del “Operativo Puf” se originó a partir de escuchas autorizadas por el juez de Lomas de Zamora Federico Villena, en el marco de una investigación sobre el narcotraficante Mario Segovia, conocido como el “Rey de la efedrina”, quien presuntamente estaba planificando un atentado con explosivos desde la cárcel.
Villena autorizó a la AFI a intervenir un teléfono público del penal para escuchar a Segovia. Pero en esas grabaciones también se captaron conversaciones de otros presos, entre ellos Baratta y Schiavi, quienes no formaban parte del foco original de la causa.
La resolución de la Cámara Federal da por cerrado un expediente que tuvo gran visibilidad mediática y fue utilizado políticamente durante años, pero que, según la justicia, nunca tuvo sustento penal ni pruebas válidas que justificaran su existencia.
