La Cancillería argentina difundió este jueves un comunicado en el que rechazó de manera categórica los anuncios realizados por las empresas Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum, que buscan avanzar en la explotación del yacimiento “Sea Lion”, ubicado al norte de las Islas Malvinas.
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Según expresó el Ministerio, las compañías —una británica y otra israelí— operan sin autorización argentina y en una zona bajo disputa de soberanía.
Ambas compañías informaron una supuesta “Decisión Final de Inversión” para avanzar en el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte, sin autorización de la Argentina.
Fuerte rechazo de Argentina al proyecto petrolero “Sea Lion” en las Islas Malvinas
En el texto oficial, la Argentina reiteró que “toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales en áreas sujetas a disputa de soberanía resulta contraria a lo dispuesto por la Resolución 2065 (XX) y concordantes de Naciones Unidas”.
Recordó además que las decisiones tomadas por las licenciatarias se encuentran al margen del derecho internacional y de las obligaciones que rigen el proceso de descolonización del archipiélago.
El rechazo del Gobierno incluye no solo la llamada “Decisión Final de Inversión”, sino también “todos los actos conexos vinculados al avance hacia la fase productiva del proyecto, incluyendo pretendidas normativas isleñas, concesiones de explotación, contrataciones y cualquier medida asociada a estas actividades ilegales”.
Según el Ministerio, estas acciones representan “medidas unilaterales e ilegítimas del Reino Unido, incompatibles con la Resolución 31/49 de la Asamblea General”, que insta a ambas partes a evitar cambios en la situación mientras persista la disputa.
El comunicado recuerda que el marco jurídico argentino impide cualquier operación hidrocarburífera sin autorización nacional en toda la plataforma continental.
En ese sentido, la Cancillería indicó que “ambas compañías han sido oportunamente sancionadas”, detallando que Rockhopper fue declarada clandestina e inhabilitada por 20 años, mientras que Navitas recibió sanciones similares en 2022 por realizar tareas sin permiso.
El Gobierno subrayó nuevamente que “no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia” para habilitar actividades en esas áreas.
Por ello, alertó a empresas, aseguradoras, entidades financieras y proveedores sobre las consecuencias de involucrarse en los proyectos anunciados: “toda participación directa o indirecta constituye un acto ilícito a la luz del derecho internacional y del ordenamiento jurídico argentino”.
En el mismo sentido, la Cancillería advirtió que quienes colaboren con estas iniciativas podrán enfrentar “medidas administrativas, legales y judiciales, incluyendo sanciones, restricciones operativas e inhabilitaciones”, tanto en jurisdicciones nacionales como internacionales.
El Gobierno consideró especialmente grave la decisión de avanzar hacia la explotación de hidrocarburos, ya que implica “un acto unilateral de efectos futuros potencialmente irreversibles tratándose de recursos naturales no renovables”.
Hacia el final del texto, la Argentina reafirmó su posición histórica: “sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”, ratificando que continuará adoptando medidas para impedir desarrollos que afecten esos intereses.
