Javier Milei encontró en la Corte el camino que se le había cerrado políticamente. El 29 de septiembre, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti revocaron el fallo que impedía aplicar la derogación de la Ley de Tierras Rurales. La decisión llegó después de que el Gobierno retirara del Congreso su reforma sobre extranjerización, ante el rechazo social y la pérdida de apoyos legislativos.
Son dos instrumentos distintos, pero empujan en la misma dirección. El Gobierno pretendía flexibilizar los límites a la propiedad extranjera de nuestras tierras. La sociedad se organizó, el oficialismo retrocedió y ahora una sentencia le despejó otra vía. Para mí, esa secuencia es el protocolo de la entrega.
LA SOCIEDAD NO ESTABA MIRANDO PARA OTRO LADO
En julio había ocurrido una escena que ayuda a entender el clima político. Antes del partido contra Inglaterra, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, avaló la prohibición de ingresar al estadio con banderas que reivindicaran la soberanía sobre Malvinas. La consigna “Las Malvinas son argentinas” fue encuadrada como contenido político.
El 15 de julio, después del triunfo, los jugadores desplegaron precisamente esa bandera. Una reivindicación que pretendían mantener afuera terminó sobre el césped. Semanas después, la defensa de la tierra y de los recursos nacionales reunió a sindicatos, organizaciones sociales, sectores ambientales y artistas contra la reforma que impulsaba el Gobierno.
No se trata de atribuirle a un partido de fútbol la caída de un capítulo legislativo. Se trata de reconocer una sensibilidad popular que no desaparece porque el poder la considere incómoda: la idea de que no todo puede ponerse en venta y de que el país no es solamente una oportunidad de negocios.
El 5 de agosto, el oficialismo retiró el capítulo sobre tierras del proyecto de propiedad privada. No había conseguido los votos, en un contexto de fuerte rechazo y de una movilización ya convocada. La marcha del 6 se mantuvo. El retroceso había sido anterior a esa jornada, pero no anterior a la organización que la hizo posible.
EL FALLO QUE CAMBIA EL ESCENARIO
La Ley de Tierras establecía, entre otras restricciones, un máximo del 15% de propiedad extranjera sobre la superficie rural, con límites nacionales, provinciales y departamentales. Milei la derogó por decreto apenas asumió. El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, CECIM, recurrió a la Justicia y consiguió que la Cámara Federal de La Plata declarara inconstitucional esa derogación.
Ahora la Corte rechazó la demanda de los excombatientes y revocó aquella sentencia. No resolvió si la derogación era constitucional: sostuvo que la organización no estaba legitimada para promover esa acción y que no existía un caso o controversia en los términos exigidos para intervenir.
La precisión jurídica no borra la consecuencia política. La sentencia que frenaba al Gobierno dejó de regir. Quienes habían reclamado se quedaron sin respuesta sobre el fondo de su planteo y Milei obtuvo un resultado favorable.
El CECIM lo expresó con una frase que merece quedar en la memoria: “Podemos morir en defensa de la soberanía, pero no acudir a un Tribunal”. La Corte cerró este proceso, no cualquier posibilidad de reclamar. Pero esa puerta cerrada es la que permitió al Gobierno avanzar.
LA PREGUNTA POR UN ACUERDO DE PODER
¿Hay un pacto entre Milei y sectores de la Corte? No está probado un intercambio de nombramientos por este fallo. Lo que existe es una relación política que merece investigación: reuniones, propuestas de candidatos, designaciones y una decisión de enorme importancia para el proyecto presidencial.
La historia argentina explica por qué esa pregunta no es menor. La Corte menemista quedó marcada por la llamada “mayoría automática”, identificada con los intereses del Ejecutivo. El 4 de junio de 2003, apenas diez días después de asumir, Néstor Kirchner pidió al Congreso avanzar con el juicio político contra integrantes de aquella mayoría.
No eran los mismos jueces ni el mismo mecanismo de integración. El antecedente sirve para identificar el riesgo: cuando quienes deben controlar al Gobierno pasan a facilitarle sus objetivos, el problema deja de ser una interna de tribunales. Es un problema de poder y de democracia.
NO HABLABAN SOLAMENTE DE DERECHO
TN informó encuentros reiterados entre Milei y Ricardo Lorenzetti desde antes de la Presidencia y durante su gestión. Sobre la intervención en nombres concretos hubo una confirmación pública: en agosto de 2024, el entonces ministro Mariano Cúneo Libarona dijo que Lorenzetti había recomendado a Ariel Lijo para la Corte.
El 17 de marzo de este año, los tres integrantes del tribunal recibieron al ministro Juan Bautista Mahiques. La propia Corte informó que el funcionario se comprometió a avanzar con la cobertura de vacantes. El Cronista registraba al 20 de septiembre 169 designaciones de jueces, fiscales y defensores durante el año.
Entre los nombrados está Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte. El Ejecutivo envió su pliego el 30 de marzo, el Senado lo aprobó el 4 de junio y su designación como juez en Santa Fe fue informada el 12 de junio. Meses después, su padre firmó junto con los otros dos jueces el fallo sobre tierras.
Cubrir vacantes es necesario. Una recomendación, un parentesco o una reunión no prueban por sí solos una contraprestación. Pero la independencia tampoco puede convertirse en una palabra que se pronuncia para impedir el escrutinio de las relaciones entre quienes designan y quienes juzgan.
EL PODER POPULAR YA LOS HIZO RETROCEDER
La conclusión no puede ser que todo está arreglado y que no hay nada por hacer. Esa resignación borraría el hecho político que el propio Gobierno tuvo que reconocer con su retirada legislativa: el rechazo social y la organización popular pueden modificar las decisiones de quienes mandan.
Ahora el conflicto cambió de escenario. Por eso importan tanto las tierras como las reglas, los cargos y las relaciones que definen quién puede decidir sobre ellas. No alcanza con mirar el Congreso mientras el rumbo del país también se disputa en los tribunales.
Milei puso la derogación. La Corte quitó el freno. La sociedad ya había mostrado que podía obligar al Gobierno a retroceder. Defender lo nuestro también es ejercer poder: la independencia de la Justicia se demuestra controlando al Ejecutivo, no allanándole el camino a la entrega.
