La Ley de Emergencia en Discapacidad deberá comenzar a cumplirse de manera efectiva antes del 4 de febrero, según ordenó la Justicia federal.
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Si el Gobierno no implementa la normativa dentro de ese plazo, podrían comenzar a aplicarse multas diarias a funcionarios nacionales.
La decisión fue tomada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien ordenó la ejecución inmediata de una sentencia dictada a fines de diciembre, aun en plena feria judicial.
La Justicia le puso plazo al Gobierno para cumplir la Ley de Discapacidad
El magistrado intimó al Poder Ejecutivo a poner en funcionamiento todos los puntos de la ley aprobada por el Congreso el año pasado, que hasta el momento no fue reglamentada ni aplicada en su totalidad.
Además, el fallo exige que el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad informen en un plazo de cinco días qué avances realizaron y presenten documentación que acredite el cumplimiento de la normativa.
De no hacerlo, el juez advirtió que podrán aplicarse sanciones económicas y nuevas medidas judiciales.
“El 4 de febrero la ley tiene que estar funcionando al cien por ciento. Ya pasaron más de 130 días desde su aprobación y no se cumple”, expresó la actriz Lola Berthet, una de las referentes del reclamo.
Por su parte, la actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con trastorno del espectro autista, aseguró que se trata de una intimación final: “Ya no se aceptan más excusas ni informes técnicos”, sostuvo.
Entre los puntos exigidos por la Justicia figuran la actualización de aranceles para prestadores desde enero de 2025, el pago de deudas acumuladas y la reglamentación definitiva de la Ley 27.793.
También se solicita la puesta en marcha del plan ARCA para refinanciar compromisos y la publicación de los nuevos valores de las prestaciones.
Desde las organizaciones advierten que el Gobierno podría intentar dilatar la medida.
“Existe un principio de no regresividad y de no discriminación que se está incumpliendo”, afirmó la abogada Lorena Aguirre, referente de la Asamblea Discas en Lucha.
El conflicto judicial se inició cuando el Ejecutivo dictó un decreto que frenó la aplicación de la ley al no asignarle presupuesto.
El juez entendió que se trató de un veto encubierto y lo declaró inconstitucional por violar la división de poderes y tratados de derechos humanos.
Ahora, el reloj corre: si el 4 de febrero la ley no está en plena ejecución, comenzarán las sanciones.
