El Banco Nacional de Datos Genéticos, creado en 1987, es una pieza central en la restauración de identidades. Allí se guardan muestras biológicas que permitieron identificar a cientos de nietos apropiados durante la última dictadura.
También es clave en causas por delitos de lesa humanidad. Pero el organismo está al borde del colapso.
El presupuesto que le asignó el gobierno de Javier Milei para 2026 cubre apenas el 55,96% de lo que pidió. La limpieza, la seguridad, el mantenimiento edilicio y la preservación de las muestras están en riesgo.
El Ministerio Público Fiscal alertó a la Justicia. La situación era insostenible. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dictó una medida cautelar, orden que es clara y alcanza a dos funcionarios de peso.
La Justicia obligó a Milei a frenar el ajuste en el Banco Genético de Datos
El juez Kreplak le ordenó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al Ministerio de Justicia adoptar medidas urgentes para asegurar la operatividad del banco y resguardar el Archivo Nacional de Datos Genéticos.
La resolución también les exige que informen sobre el interés público comprometido y la eventual responsabilidad estatal ante un incumplimiento. En pocas palabras si el banco se cae o pierde muestras, el gobierno tendrá que explicar por qué.
La urgencia es máxima. Abuelas de Plaza de Mayo se presentó como querellante para reforzar el pedido. La organización advirtió que cualquier interrupción del Banco afectaría pruebas irreemplazables y pondría en riesgo compromisos internacionales asumidos por la Argentina.
El gobierno, contra las cuerdas
El banco no es un organismo cualquiera. Desde hace casi cuatro décadas, cumple un rol central en la identificación de personas apropiadas durante la última dictadura. También es una herramienta fundamental en la reparación de las víctimas del terrorismo de Estado.
La medida judicial es un nuevo golpe para la administración libertaria. Milei pregona ajuste, pero la Justicia le dice que hay áreas que no se tocan.
El Banco Nacional de Datos Genéticos es una de ellas. Ahora, Adorni y el Ministerio de Justicia tienen que explicar cómo van a garantizar los recursos. También deberán informar qué va a pasar si el Estado incumple.
