La decisión de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) de habilitar una nueva empresa de medicina prepaga volvió a encender alarmas alrededor de Claudio Stivelman, el funcionario libertario que controla uno de los organismos más sensibles del sistema sanitario argentino. Esta vez, la polémica gira en torno a Care Salud SA, una firma autorizada recientemente para operar en el mercado y cuyos vínculos empresariales remiten a nombres que cargan con antecedentes pesados dentro de la historia reciente de la salud privada y las obras sociales.
La habilitación agrega un nuevo frente de conflicto para Stivelman, quien ya había quedado expuesto por no declarar ante la Oficina Anticorrupción dos cuentas offshore en Panamá creadas a comienzos de los años 2000. Ahora, una investigación periodística reveló que detrás de la flamante prepaga aparecen empresarios relacionados con causas por presuntas maniobras de defraudación al PAMI y esquemas investigados dentro de la denominada “mafia de los medicamentos”.
Un nombre que vuelve a escena
En el centro de la escena aparece Rubén Darío Romano, un nombre que supo ocupar titulares durante una de las investigaciones más sensibles vinculadas al manejo de fondos de la salud pública. Romano fue detenido y procesado en causas ligadas a una presunta defraudación contra el PAMI, en expedientes que pusieron bajo sospecha el funcionamiento de estructuras empresariales que habrían facturado prestaciones y medicamentos que nunca llegaban a los afiliados.
Su incorporación dentro de Care Salud SA no pasa inadvertida. En el sector recuerdan que aquellas investigaciones no sólo expusieron montos millonarios desviados del sistema, sino también un entramado en el que distintos actores obtenían ganancias mientras pacientes quedaban sin cobertura efectiva.
Baldoni y las gerenciadoras bajo investigación
La preocupación crece porque no se trata de un empresario aislado. Dentro de la estructura societaria también aparece Pablo Hernán Baldoni, otro nombre conocido dentro del universo de las gerenciadoras y obras sociales. Baldoni fue vinculado a una firma investigada por presuntas estafas que, según denuncias judiciales, habría montado un esquema de sobrefacturación y prestaciones inexistentes que alcanzaba cifras cercanas a los 60 millones de pesos mensuales.
Las denuncias señalaban un mecanismo aceitado: facturación irregular, prestaciones que nunca se realizaban y un circuito que seguía funcionando mientras los afiliados sufrían recortes o pérdida de cobertura. Que ambos perfiles confluyan ahora dentro de una misma prepaga habilitada oficialmente por el Estado alimenta nuevas sospechas.
Stivelman, las habilitaciones y el control del sistema
En ese tablero, Claudio Stivelman ocupa un lugar determinante. Como titular de la SSS, tiene bajo su órbita la autorización y fiscalización de las entidades que ingresan al sistema de salud. Es decir, controla la puerta de entrada de las nuevas prepagas y obras sociales.
Por eso, la aprobación de Care Salud SA adquiere una dimensión política que excede el mero trámite administrativo. La aparición recurrente de empresarios investigados alrededor de firmas autorizadas por el organismo vuelve a instalar interrogantes sobre los criterios de control y sobre la relación entre reguladores y actores privados del negocio de la salud.
La situación se vuelve todavía más delicada para el funcionario libertario porque se suma a otras revelaciones recientes sobre su patrimonio y sus vínculos. Las menciones a estructuras offshore en Panamá y las críticas por habilitaciones anteriores habían comenzado a erosionar su perfil dentro del Gobierno de Javier Milei.
Un viejo esquema que vuelve bajo nuevas estructuras
Ahora, la autorización de Care Salud SA reactiva un viejo fantasma: el de las redes empresariales que durante años hicieron negocios multimillonarios dentro del sistema sanitario argentino mientras el Estado miraba hacia otro lado.
Detrás del desembarco de la nueva prepaga en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense —el corazón del negocio de la medicina privada— no sólo aparece una apuesta comercial. También reaparecen nombres, relaciones y antecedentes que remiten a una etapa oscura del sistema de salud.
Con Romano y Baldoni dentro de la estructura y con Stivelman firmando la habilitación desde la Superintendencia, la nueva empresa inicia sus actividades bajo un clima de sospechas que amenaza con abrir otro foco de conflicto para el Gobierno nacional.
