El conflicto se desató luego de que la ex ministra de Seguridad anunciara una denuncia ante el Comité de Ética de la Conmebol contra Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. La acusación fue rimbombante: habló de una supuesta “mafia” que “ensucia al fútbol argentino”. Pero la respuesta no tardó en llegar y evitó el terreno de la chicana para apoyarse en un punto central: la AFA no es el Estado.
La Asociación del Fútbol Argentino es una entidad privada, no administra dinero público y no está alcanzada por la ley de compras del Estado. No es una interpretación política ni una defensa coyuntural. Es el marco legal vigente. Ese dato, omitido de manera sistemática en el discurso oficial, es el que desarma la lógica de la denuncia.
Los números que no entran en el relato
Lejos de quedarse en una aclaración formal, Toviggino fue más allá y expuso información que suele quedar fuera del debate mediático. Los recursos que genera la Selección campeona del mundo —derechos comerciales, sponsors y contratos— no regresan al Estado ni se sostienen con subsidios públicos. Financian una estructura privada de gran escala.
La AFA emplea a más de 1.300 trabajadores permanentes, mantiene predios de nivel internacional y garantiza el funcionamiento cotidiano de 24 selecciones nacionales, masculinas y femeninas. En el predio Lionel Andrés Messi circulan a diario alrededor de mil personas y se alimentan cerca de 400 atletas. Todo con recursos propios.
El señalamiento no es menor. Ataca de lleno uno de los ejes de la ofensiva política contra la conducción del fútbol argentino.
La operación discursiva
Buena parte del ataque oficial se apoya en una confusión deliberada: presentar a la AFA como si fuera un organismo público para exigirle controles, responsabilidades y sospechas propias del Estado. Esa operación discursiva habilita hablar de “fondos públicos”, “funcionarios” y “corrupción estatal” donde no los hay.
No es un error técnico. Es una construcción política. Convertir a la AFA en un problema público permite justificar la intervención y el hostigamiento desde el poder político.
Autonomía, FIFA y el verdadero conflicto
Desde esa lógica, la denuncia de Bullrich aparece menos vinculada a una preocupación institucional real y más alineada con una estrategia de presión política. La AFA no depende de su ministerio, no recibe recursos estatales y no responde a la órbita del Poder Ejecutivo.
Esa autonomía —que incluye su vínculo con la FIFA y la Conmebol— es precisamente lo que incomoda al Gobierno. En un contexto donde se impulsa el modelo de Sociedades Anónimas Deportivas y se busca reconfigurar el control del negocio del fútbol, una AFA fuerte y autónoma aparece como un obstáculo.
Cuando la disputa es de poder
La respuesta de Toviggino dejó además un mensaje implícito: el Estado no puede judicializar ni moralizar a una organización privada por no alinearse políticamente. La discusión no es ética ni administrativa. Es una disputa de poder. Y cuando ese poder no se puede disciplinar, aparece la estigmatización.
El cierre del mensaje, con la referencia a que Bullrich debería enfocarse en la corrupción de su propio gobierno, fue el único pasaje de tono abiertamente político. Pero llegó después de una exposición ordenada de hechos, números y normas. Primero los datos. Después la crítica.
Un conflicto que seguirá escalando
El cruce sintetiza el momento actual del conflicto. De un lado, un Gobierno que intenta avanzar sobre la AFA presentándola como un problema público. Del otro, una dirigencia que responde con estatutos, balances y una verdad jurídica que no encaja en el relato oficial.
La AFA no es del Estado. Y mientras esa premisa siga siendo ignorada, el conflicto no hará más que profundizarse.
