Este jueves, la oposición formalizó un pedido de informes tras revelarse que un grupo de funcionarios de la cartera económica y legisladores oficialistas de La Libertad Avanza, accedieron a créditos hipotecarios de hasta u$s 350.000 en el Banco Nación. Mientras la entidad asegura que "no hay excepciones" y que los beneficiarios calificaron bajo la normativa vigente, desde sectores críticos denuncian un presunto trato preferencial y uso de información privilegiada.
Entre los créditos más altos aparecen Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del Banco Central, y Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía y director del BICE. En ambos casos, los montos equivalen a unos 350 mil dólares al momento de la adjudicación.
También figura el actual secretario de Finanzas, Federico Furiase, con un préstamo equivalente a 276 mil dólares. También aparece Emiliano Mongilardi, integrante del directorio de YPF, con un crédito de más de 200 mil dólares, y Juan Pablo Carreira, funcionario vinculado a la comunicación oficial, con unos 77 mil dólares.
Entre los diputados beneficiados aparecen, Mariano Campero, Santiago Santurio y Lorena Villaverde, con créditos que van desde los 200 mil hasta los 240 mil dólares. También se suman otros legisladores con montos cercanos a los 145 mil dólares.
El diputado socialista Esteban Paulón lideró la presentación ante el Poder Ejecutivo y el Banco Central (BCRA), exigiendo detalles sobre la gestión de la cartera crediticia y los mecanismos de transparencia.
Para Paulón, es imperativo determinar si existieron indicadores específicos de evaluación para estos funcionarios o si se vulneró el principio de igualdad en el acceso al crédito para el resto de la ciudadanía.
La defensa oficialista: "Un crédito no es un privilegio"
Desde el oficialismo salieron a bajarle el tono a la controversia, argumentando que el acceso al crédito es una operatoria normal en cualquier país. El caso más resonante es el del diputado tucumano de La Libertad Avanza, Mariano Campero, quien realizó un extenso descargo en sus redes sociales para desmentir que se trate de un "beneficio político".
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El monto de la deuda: Campero detalló que obtuvo un crédito en UVAs (Unidades de Valor Adquisitivo) en mayo de 2025 por $275 millones para su primera vivienda en Yerba Buena.
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La actualización: Advirtió que, debido a la inflación, su deuda ya escaló a $322 millones. "Confundir un crédito hipotecario con un beneficio es intentar desinformar; es una deuda que se paga con muchísimo esfuerzo a 20 o 30 años", sentenció el legislador.
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Transparencia: El diputado subrayó que toda la documentación es pública y que la línea hipotecaria estaba abierta a cualquier ciudadano que cumpliera con los requisitos.
¿Qué dice la normativa del Banco Nación?
Fuentes del banco ratificaron que la operatoria se ajustó a la reglamentación vigente para el Sector Público. Según el estatuto de la entidad, pueden solicitar estos créditos:
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Empleados en relación de dependencia del sector público que cobren sus haberes en el Banco Nación.
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Personal de empresas con capital estatal mayoritario o del Grupo YPF.
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Condiciones: Se permiten hasta dos titulares y dos codeudores (familiares directos) para alcanzar el nivel de ingresos requerido. La edad límite para cancelar la deuda es de 85 años.
Conflicto de intereses y transparencia
Pese a las explicaciones técnicas, el pedido de informes de Paulón apunta a un dilema ético: la posible ventaja competitiva de quienes diseñan la política económica o legislan sobre el sistema financiero al momento de solicitar financiamiento público. El diputado solicitó conocer los indicadores de desempeño de los directores del banco designados por decreto y si hubo algún tipo de "facilitación" en la calificación de las carpetas de los funcionarios.
En un contexto donde el acceso a la vivienda sigue siendo una de las principales deudas sociales y el mercado hipotecario apenas comienza a reactivarse tras años de parálisis, la noticia de créditos por montos cercanos al tercio de millón de dólares para la clase política ha generado un fuerte ruido en la opinión pública, poniendo a prueba la narrativa de austeridad y fin de los privilegios que sostiene la gestión actual.
