Luego de que Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pidiera ingresar al régimen de "Inocencia Fiscal" impulsado por el propio Gobierno, otros funcionarios se sumaron a la lista. Este miércoles lo hicieron el propio vocero del presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El ex diputado libertario José Luis Espert también se adhirió.
El régimen de Inocencia Fiscal, recientemente reglamentado, constituye uno de los cambios más polémicos en la política tributaria del país. Bajo la premisa de “devolver la libertad” a los contribuyentes, la ley abandona la presunción de culpabilidad que históricamente caracterizó al sistema impositivo argentino y establece que los ciudadanos son inocentes hasta que el fisco demuestre lo contrario.
Te puede interesar
Desde el Ejecutivo vendieron la ley como un avance hacia un esquema más transparente y menos burocrático, aunque la adhesión de altos funcionarios encendió las alarmas sobre el verdadero propósito de la normativa.
Te puede interesar
Adorni y Sturzenegger pidieron entrar al régimen de Inocencia Fiscal
Según consta en la web de ARCA, tanto Sturzenegger como Espert solicitaron al ente regulatorio poder ingresar al marco legal de la ley 27.799, con días de presentación el 7 de mayo y 9 de junio, respectivamente. De aprobarse su solicitud, ambos funcionarios no tendrán la obligación de informar su patrimonio al inicio de cada ejercicio y estarán habilitados a utilizar fondos fuera del circuito formal sin controles patrimoniales previos.
Estos pedidos salen a la luz horas después de que también pidan el ingreso al Régimen Simplificado de Ganancias (primer paso para adherir al de Inocencia Fiscal) Adorni y su esposa Angeletti, ambos envueltos en una investigación de la Justicia federal por enriquecimiento ilícito producto de sospechas en torno a un incremento exuberante de su patrimonio desde que el jefe de Gabinete se convirtió en funcionario de Milei.
La decisión que tomó el jefe de Gabinete se da antes de que presentara su declaración jurada ante el fisco, en la que intentará explicar cómo realizó una serie de gastos millonarios pagados en dólares. En concreto, el jefe de Gabinete y su esposa deben explicar la compra de un departamento en Caballito con apenas 30.000 dólares, la reforma de la casa del country Indio Cuá por 245.000 dólares y sus viajes a Punta del Este, Aruba y el Llao Llao por más de 30.000 dólares.
De aprobarse su solicitud, tanto Adorni, su esposa, Sturzenegger y Espert podrán evitar explicar cómo creció su patrimonio en períodos fiscales anteriores y solo deberán hacer una simple declaración de ingresos. También pidió estar en esta lista el documentalista libertario Santiago Oría, encargado de producir piezas audiovisuales para la Casa Rosada.
Te puede interesar
Una ley que trae contradicciones más que trasparencia
La adhesión de funcionarios oficialista a esta ley debilita la capacidad del Estado para combatir la evasión y el lavado de dinero y genera un conflicto ético: quienes deberían dar el ejemplo de transparencia se benefician de un régimen que les permite ocultar el origen de sus bienes.
La confianza ciudadana en las instituciones se erosiona cuando las reglas parecen diseñadas para favorecer a los poderosos.
En definitiva, el régimen de Inocencia Fiscal refleja la tensión entre la necesidad de modernizar el sistema tributario y el riesgo de institucionalizar la impunidad. La adhesión de Sturzenegger y otros funcionarios confirma que la ley no solo busca simplificar trámites, sino también blindar patrimonios.
Vista rápida a la ley
La Ley 27.799, cuya vigencia comenzó el 2 de enero de 2026, reformó el régimen penal tributario e introdujo modificaciones en la ley de procedimiento fiscal 11.683. Entre sus disposiciones centrales figuran la elevación de los umbrales de punibilidad para los delitos tributarios, la reducción de los plazos de prescripción en determinadas circunstancias.
Adicionalmente, crea de un mecanismo de regularización que permite extinguir la acción penal mediante el pago de la obligación más un 50% adicional en concepto de multa. La norma también establece que los montos se actualizarán anualmente por UVA a partir del 1 de enero de 2027.
