Mientras en el Congreso y en la opinión pública se discuten con intensidad los recursos para financiar aumentos en las jubilaciones, sostener el presupuesto universitario o garantizar partidas para hospitales como el Garrahan, el gobierno de Javier Milei adoptó una medida que beneficia a uno de los sectores más pudientes de la economía argentina: la minería.
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A través del Decreto 563/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso la eliminación total de las retenciones a las exportaciones de productos mineros. Esto implica que la alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) se fijará en 0% para todas las mercaderías comprendidas dentro del sector. La norma abarca un amplio abanico de bienes: desde minería metalífera y no metalífera, rocas de aplicación y combustibles, hasta piedras preciosas y semipreciosas.
El decreto también deroga el régimen especial que regía para las exportaciones de cobre, eliminando el “Registro Optativo de Exportaciones de Cobre” que había sido creado como herramienta de promoción sectorial mediante un esquema diferenciado de derechos de exportación. Con este cambio, el gobierno unifica y simplifica el tratamiento fiscal para toda la actividad minera, dejándola libre de este impuesto.
En los fundamentos de la medida, el Ejecutivo argumenta que el objetivo es “impulsar la competitividad del sector minero” y alinear la política económica con “los principios de libertad económica y apertura comercial”. Además, se plantea que este cambio responde al compromiso oficial de mantener “el equilibrio de las cuentas públicas” y favorecer un marco de reglas estables para la inversión.
El texto oficial destaca, asimismo, la importancia que tiene la minería para determinadas regiones del país: se señala que el sector es el quinto complejo exportador a nivel nacional y que, en promedio, representa el 80% de la canasta exportadora de provincias como Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca.
La medida, sin embargo, llega en un momento político y social particularmente sensible. Mientras se ajustan partidas sociales y se discuten recortes a áreas críticas como salud y educación, el alivio fiscal para un sector altamente rentable genera fuertes críticas y reabre el debate sobre a quiénes beneficia y a quiénes perjudica la política económica del actual gobierno.
