La administración británica de las Islas Malvinas prorrogó por cinco años las licencias vigentes para actividades petroleras offshore, en medio de la disputa con Argentina por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
La medida que desconoce los anuncios lanzados por el presidente argentino Javier Milei, que buscó un clamor social por el tema de la soberanía, fue anunciada por la Asamblea Legislativa de las islas a través de un comunicado que ratifica la explotación de los recursos naturales y energéticos en ese territorio.
Te puede interesar
Los permisos, que actualmente se encuentran en etapa de exploración, podrán extenderse por otros dos años. Esa ampliación quedará a criterio de las autoridades isleñas y dependerá del cumplimiento de los programas de trabajo comprometidos por las empresas.
“Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas”, afirmó Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa isleña y responsable de las áreas de Comercio, Industria y Recursos Minerales.
En ese contexto, agregó: “Estos son nuestros recursos para desarrollar, y nos aseguraremos de que se desarrollen de manera responsable, conforme a las mejores prácticas globales en materia ambiental y de seguridad, con el fin de generar beneficios de largo plazo para las generaciones actuales y futuras de los habitantes” de las Malvinas.
El mismo comunicado detalla que se aprobó la adquisición de una participación del 65% en el área de licencia PL001 por parte de Navitas Petroleum Atlantic Limited (NAPL), subsidiaria de la israelí Navitas Petroleum. Según el texto oficial, “se espera que esto acelere la evaluación y el desarrollo de las perspectivas en este bloque”, adyacente al proyecto Sea Lion.
Sea Lion, un yacimiento en aguas profundas ubicado a 220 kilómetros al norte del archipiélago, ingresó en fase de desarrollo en diciembre pasado, con vistas a iniciar la extracción de crudo en marzo de 2028. Según cifras de las autoridades británicas, el proyecto representa ingresos estimados en USD 2.000 millones en concepto de regalías a lo largo de 30 años.
La jueza federal de Río Grande Mariel Borruto dictó la semana pasada una medida cautelar que ordenó a Navitas y Rockhopper abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras necesarias para poner en funcionamiento Sea Lion.
La resolución respondió a una presentación de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata. La magistrada reconoció, sin embargo, que la ejecución de la medida dependerá de la cooperación internacional y de la conducta de las empresas involucradas.
Te puede interesar
La denuncia de Argentina y la respuesta de Reino Unido
El Gobierno argentino impulsó durante septiembre denuncias penales y procedimientos sancionatorios contra empresas, directivos, accionistas y proveedores relacionados con la explotación de hidrocarburos en las aguas que rodean las Islas Malvinas.
El Reino Unido rechaza esa posición y sostiene que Argentina no tiene jurisdicción para aplicar su legislación sobre las empresas que operan en las islas, al tiempo que reivindica el derecho de los habitantes del archipiélago a administrar los recursos naturales.
