A través de un comunicado de su Consejo Superior, la Universidad de Buenos Aires manifestó que los hospitales y centros asistenciales bajo su órbita sufrirán una caída del 30% en términos reales durante el 2026. Esta situación se desprende del análisis del Presupuesto Nacional enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, cuyo diseño actual comprometería el funcionamiento de instituciones fundamentales.
Entidades de gran relevancia como el Hospital de Clínicas, el Instituto Roffo y el Instituto Lanari se encuentran en el foco del conflicto. Estas instituciones no solo brindan atención médica a más de 700.000 ciudadanos anualmente, sino que representan pilares para la investigación científica y la formación de nuevos profesionales.
En el documento ratificado este martes, la conducción de la UBA no solo califica como “brutal recorte” a la poda de recursos destinada a sus hospitales, sino que además expresa su “extrema preocupación” ante la intención oficial de anular la Ley de Financiamiento Universitario. Dicha normativa es vista por el sector académico como una herramienta esencial para dar previsibilidad a los fondos y actualizar los haberes de trabajadores docentes, no docentes y científicos.
Un escenario de asfixia financiera
La universidad sostiene que el desfasaje entre el aumento nominal propuesto y la inflación proyectada profundizará el “ahogo presupuestario” que atraviesa el sistema de educación superior. Esta falta de recursos impacta directamente en áreas sensibles como:
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Servicios de guardia y atención de alta complejidad.
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Programas de investigación clínica.
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Mantenimiento de la infraestructura hospitalaria.
Asimismo, se advierte sobre la crisis salarial que afecta al personal. Según las cifras de la institución, la capacidad de compra de los salarios académicos y científicos se redujo más de un 45% desde finales de 2023, poniendo en riesgo la permanencia de expertos y la excelencia educativa.
Rechazo a la derogación de leyes vigentes
La UBA también se pronunció enérgicamente contra el intento de dejar sin efecto la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. La institución afirma que retroceder en esta materia “agravaría aún más” el estado actual de las universidades, representando un golpe a la transparencia y a los derechos adquiridos tras años de consenso social y legislativo.
Ante este panorama, el Consejo Superior ha solicitado formalmente al Congreso de la Nación que se modifique o rechace el dictamen del presupuesto. El objetivo es lograr una partida que asegure la operatividad de las casas de estudio y el cumplimiento de la ley de recomposición salarial, sumándose así al reclamo generalizado de la comunidad científica nacional frente a las políticas de ajuste fiscal.
