Con más de dos tercios de los votos, la Cámara de Senadores asestó un golpe político inesperado al gobierno de Javier Milei al aprobar, en una jornada histórica, la media sanción de dos proyectos clave que ponen en jaque el plan centralista y de ajuste de la Casa Rosada. Se trata, por un lado, del giro automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, y por otro, de la eliminación de los fondos fiduciarios que actualmente modifican la distribución del impuesto a los combustibles, favoreciendo a la Nación en detrimento de los distritos del interior. Ambas iniciativas fueron impulsadas y consensuadas por los gobernadores de las 23 provincias argentinas junto al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dejando en evidencia una inédita unidad federal frente al avance del mileísmo.
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El resultado de la votación no dejó lugar a dudas: 56 votos a favor y apenas un voto en contra, el del cordobés Luis Juez. En tanto, la totalidad de los senadores de La Libertad Avanza y la inmensa mayoría de los representantes del PRO eligieron ausentarse de la sesión, en lo que fue leído como un intento desesperado por restarle legitimidad política a la discusión parlamentaria. Ahora, los proyectos fueron girados a la Cámara de Diputados, donde todo indica que contarán con el respaldo necesario para ser convertidos en ley, configurando así un punto de inflexión en la relación de fuerzas entre el Ejecutivo y el Congreso.
La sesión, cargada de tensión y simbolismo, marcó el final de un jueves negro para el oficialismo. No sólo se aprobaron los proyectos mencionados, sino también un paquete legislativo que incluyó aumentos para las jubilaciones, la extensión de la moratoria previsional —para que miles de personas puedan acceder a su jubilación pese a no contar con los años de aportes completos—, la continuidad de la emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2026, y el rechazo al veto presidencial que Milei había impuesto sobre la declaración de emergencia en Bahía Blanca tras la devastadora inundación ocurrida meses atrás.
Como era de esperar, la reacción del gobierno no se hizo esperar. El propio presidente Javier Milei, junto a su Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió con tono amenazante que vetará la totalidad de las leyes aprobadas. Más aún, sin demasiados argumentos técnicos, Francos deslizó que podrían judicializar la sesión alegando que fue “inválida”. Esta actitud no sólo revela el malestar del oficialismo ante un Congreso que empieza a despertar de su letargo, sino también la fragilidad política de una administración que, hasta hace poco, se mostraba imbatible gracias al respaldo de los mismos gobernadores que ahora parecen girar el tablero.
Lo ocurrido en el Senado marca un antes y un después en la relación de Milei con los mandatarios provinciales, muchos de los cuales habían facilitado la aprobación de la Ley Bases y de los superpoderes que permitieron el avance sobre áreas estratégicas del Estado. Esta vez, sin embargo, dejaron en claro que no están dispuestos a asumir el costo político del ajuste brutal que propone la Casa Rosada y que, para sostener a sus propios territorios, pueden y están dispuestos a plantarse.
