El gobierno de Javier Milei dio un paso más en su plan de desregulación laboral. Lo que inicialmente era una intimación a renegociar 150 convenios colectivos de trabajo terminó siendo una orden que alcanza a 446 acuerdos.
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La Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, inició formalmente el procedimiento previsto en la Ley 27.802 de Modernización Laboral, conocida como reforma laboral libertaria.
La medida afecta a convenios colectivos que, tras la finalización del régimen de ultraactividad, deberán ser objeto de nuevas negociaciones entre sindicatos y empleadores.
La ultraactividad era el principio que sostenía la vigencia de un convenio incluso después de vencido, hasta que fuera reemplazado por uno nuevo.
En la práctica, evitaba que los trabajadores perdieran derechos adquiridos si las negociaciones se estancaban.
El gobierno obligará a renegociar 446 convenios colectivos: el comunicado de la CGT
La nueva ley respeta la ultraactividad solo para las "cláusulas normativas" (las que definen condiciones de trabajo). Las "cláusulas obligacionales" (como cuotas solidarias y aportes especiales acordados entre empleadores y sindicatos) se caen al vencimiento del convenio.
El decreto 407, que reglamentó la ley, abre la puerta a que en esta etapa se renegocien todas las cláusulas posibles para modificar lo que haga falta.
La reacción del sindicalismo no se hizo esperar. La CGT rechazó la medida y denunció una "intromisión inaceptable" del Estado en la vida interna de las organizaciones gremiales.
En un comunicado, la central obrera consideró que el gobierno avanza sobre derechos reconocidos por la Constitución y por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La CGT también recordó que, apenas un día después de oficializarse el decreto 407, la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT instó al gobierno argentino a adoptar "medidas inmediatas, efectivas y en un plazo determinado" para garantizar el diálogo social tripartito.
El organismo internacional también pidió que las reformas laborales se desarrollen mediante consultas sustantivas con las organizaciones más representativas de los trabajadores y los empleadores.
Desde el Ministerio de Capital Humano, en cambio, defendieron la iniciativa. Aseguraron que la convocatoria busca "fortalecer la negociación colectiva" y promover acuerdos que contribuyan a "relaciones laborales modernas, previsibles y adaptadas a la realidad productiva de cada sector".
La oposición, los gremios y buena parte del arco sindical creen lo contrario: que la motosierra de Milei ahora apunta a los derechos laborales.