En un escenario de fuerte presión política, el Gobierno Nacional decidió aflojar su estrategia en la Cámara Alta. Ante la imposibilidad de alcanzar los consensos necesarios para sesionar este 26 de diciembre, el Poder Ejecutivo aceptó dilatar el tratamiento de la reforma laboral. En este marco, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, buscó llevar previsibilidad al sector privado al precisar que, de obtenerse la sanción, la iniciativa "va a aplicar para los nuevos contratos".
La encargada de comunicar el cambio de planes fue la titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Patricia Bullrich, quien optó por un esquema de dictamen flexible. "Hemos hablado con distintos bloques y vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a modificaciones y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero en vez de discutirla el día 26", detalló la senadora.
Originalmente, Bullrich confiaba en obtener el despacho en cuestión de horas. Sin embargo, la complejidad del debate obligó a una prórroga. "Llamaríamos a extraordinarias nuevamente y nos tomaríamos el tiempo para analizar todos los pedidos que hemos tenido, tanto acá como por distintas vías. Nos dejaríamos un mes y medio para poder debatirlo", explicó la exministra, añadiendo ante las objeciones de la oposición que "hay un montón de modificaciones, hemos escuchado muchas voces y hemos recibido muchas más". Según su visión, el objetivo es mantener la propuesta activa: "Lo dejamos como un instrumento para poder sesionar el 10, pero este dictamen va a seguir vivo y teniendo modificaciones".
Tensión y voces cruzadas en las comisiones
El inicio del debate no estuvo exento de roces. La designación de Bullrich al frente de la comisión fue impugnada por Unión por la Patria, con el senador José Mayans calificando el nombramiento como una infracción a las normas parlamentarias y adelantando una posible vía judicial.
Mientras en las calles la CGT encabezaba una protesta hacia Plaza de Mayo, el Senado recibía a un heterogéneo grupo de expositores. La segunda jornada de deliberaciones estuvo marcada por contrastes profundos entre especialistas y representantes gremiales:
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Posturas críticas: Guillermo Crespo, de la Asociación de Abogados Laboralistas, denunció que el proyecto “busca es potenciar el poder del empleador. Busca hacer del trabajador alguien atado a la voluntad del empleador, y no va a tener la posibilidad de luchar por sus derechos". En una línea similar, Melina Peñarol Méndez (Foro de Abogadas y Abogados de Organizaciones Sindicales) tildó la medida de inconstitucional, advirtiendo que "el proyecto es una reforma constitucional encubierta porque deroga el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Sin sindicatos y sin justicia social no hay paz posible".
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Visiones técnicas: Alejandro Sudera, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, mostró una postura más receptiva al señalar que “lo que se propone reformar en el artículo 54 de este proyecto es lo que, desde hace tiempo, viene aplicando la justicia nacional de apelaciones del trabajo. Me parece positivo que se regule y que no se deje librado al criterio de los jueces”.
El debate sobre las plataformas digitales y la libertad laboral
Uno de los puntos más álgidos fue la regulación del trabajo en plataformas de delivery y transporte. Representantes de empresas como Rappi y Uber defendieron el proyecto como un avance hacia la modernización. Gabriel Buenos (Rappi) consideró que la norma es "una oportunidad para definir un estándar industrial innovador y pionero", resaltando puntos clave como "la libertad de los repartidores para disponer de la soberanía de su tiempo" y la gestión autónoma de seguros. Por su parte, Nicolás Beverati (PedidosYa) apoyó la figura del repartidor independiente asegurando que "recepta lo que el ecosistema quiere".
Desde la vereda opuesta, el sindicalismo del sector, representado por Marcelo Pariente, denunció que se intenta desregular lo que ya tiene protección legal. "Están utilizando una herramienta de la comunicación para volver a regular una actividad que ya está regulada", alertó, concluyendo que "es mentira que los trabajadores no quieran tener derechos, los necesitan". Pedro Martino (Uber), en cambio, aportó datos estadísticos: "9 de cada 10 conductores dicen que la independencia es lo que más los atrae de la plataforma".
El impacto en el sector prensa
Finalmente, el secretario general del SiPreBA, Agustín Lecchi, centró su reclamo en la protección del Estatuto del Periodista. Exigió que no se eliminen artículos que garantizan la libertad de opinión y el acceso a la información. "No tenemos problema en modernizar las leyes laborales en lo que respecta a prensa, pero el Estatuto del Periodista en los artículos 5 y 29 reconocen la libertad de expresión, opinión y pensamiento como derecho inalienable", advirtió el dirigente gremial.
