Renunció el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños. Su gestión redujo el organismo a una tercera parte, en medio de ataques a las políticas de memoria. El exfuncionario incluso llegó a negar los crímenes de la última dictadura ante un comité de las Naciones Unidas.
La salida de Baños se da un día después de que el Gobierno decidiera desplazar al titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, en medio de la creciente polémica por la expansión del presupuesto reservado destinado a los organismos de inteligencia (cuarto incremento en lo que va del año).
Durante su gestión, Baños degradó la política de derechos humanos y redujo el organismo a una tercera parte. El mes pasado, se presentó ante un comité de las Naciones Unidas para negar la magnitud de los crímenes de la última dictadura.
La salida de Baños coincide con la llegada a la SDH de Alfredo Vítolo, un exasesor del macrismo en el área de derechos humanos que se entusiasma con el “perdón” a los represores.
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Baños, abogado egresado de la UBA, fue designado en el marco de una reestructuración que eliminó más del 66% de las direcciones de la Secretaría, dejando el organismo reducido a su mínima expresión.
Durante su gestión defendió públicamente que los crímenes de la dictadura (1976-1983) fueron “excesos aislados” y no delitos de lesa humanidad sistemáticos, incluso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONUen septiembre de 2024, lo que generó repudio nacional e internacional.
Su gestión estuvo marcada por los despidos y la presencia de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) controlando los ingresos a la sede de la SDH en el espacio de memoria que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Baños no logró siquiera designar funcionarios clave en la SDH durante su gestión.
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A comienzos de 2025, su secretaria avisó por WhatsApp que se cerraba el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y se licenciaba a todo el personal. Pese a las promesas que Baños hizo en distintos medios de comunicación, el Conti no volvió a abrirse. En ese lugar, Baños también había censurado unas jornadas sobre políticas de la memoria cuando ya estaban en marcha.
Más adelante, en febrero, impidió un recital, que habían organizado los organismos de derechos humanos, en la exESMA y fue a la justicia para prohibir actividades en El Faro, el sitio de memoria que funciona en Mar del Plata.
Baños también promovió la firma de una solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para decir que las acciones de los grupos guerrilleros fueron delitos de lesa humanidad. En el ámbito internacional, también se preocupó por avalar los reclamos de los jueces trasladados por Mauricio Macri a la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, para quedarse en sus cargos.
