El diputado nacional Eduardo Valdés presentó un pedido de interpelación en la Cámara de Diputados para que el ministro de Economía, Luis Caputo, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el titular de ARCA, Juan Pazo, den explicaciones sobre la videoconferencia en la que se definió el polémico DNU 682/2025 que eliminó retenciones a las exportaciones de granos. Según Valdés, la medida se decidió en secreto, con beneficios millonarios para un grupo reducido de grandes exportadoras y sin participación de la mayoría de las entidades agropecuarias.
La denuncia: un acuerdo reservado con exportadores
El legislador Eduardo Valdés fundamentó su pedido de citación en un artículo publicado por el diario La Nación el 28 de septiembre, donde se detalla que el 21 de ese mes se realizó una videollamada privada entre Caputo, Quirno, Pazo y Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC). De esa reunión surgió la decisión de eliminar las retenciones por un cupo de USD 7.000 millones, medida luego oficializada mediante el DNU 682/2025.
“Ese DNU eliminó de manera abrupta las retenciones a exportaciones de granos y derivados por un cupo de USD 7.000 millones, que fue consumido en apenas 48 horas por un grupo reducido de grandes exportadoras, con un costo fiscal estimado de USD 1.500 millones para el Estado argentino”, denunció Valdés.
El sesgo político y sectorial
El diputado subrayó que la decisión no solo careció de transparencia, sino que también mostró un claro favoritismo hacia un sector concentrado de la economía.
“En esa mesa virtual se sentaron funcionarios del Gobierno y representantes exclusivos de CIARA-CEC, mientras que las demás entidades del agro —la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y la Federación Agraria (FAA)— fueron marginadas del debate”, afirmó.
Para Valdés, la exclusión deliberada de estas entidades constituye un mensaje negativo al interior productivo del país, que se vio relegado de una decisión económica de alto impacto.
Pedido de informes by Matías Tagliani
Un costo social y fiscal millonario
El proyecto de resolución presentado en Diputados señala que el beneficio para los grandes exportadores se consumió en apenas 48 horas y dejó un hueco fiscal de USD 1.500 millones, que será afrontado por toda la sociedad. “Los productores y la sociedad en su conjunto no tuvieron siquiera voz”, advirtió Valdés.
El legislador calificó la operatoria como un “acuerdo reservado”, cerrado “entre gallos y medianoche”, que favoreció a un reducido grupo de empresas en detrimento del resto del sector agropecuario.
Pedido de explicaciones en el Congreso
Con base en el artículo 71 de la Constitución Nacional, Valdés solicitó la interpelación urgente de Caputo, Quirno y Pazo para que brinden explicaciones ante la Cámara.
“El Congreso no puede convalidar con silencio semejante proceder. Los funcionarios citados deben comparecer y explicar por qué el Gobierno eligió a un solo interlocutor, dejando afuera al resto del sector agropecuario y comprometiendo recursos públicos de magnitud histórica”, sostuvo el diputado.
La iniciativa busca que el oficialismo rinda cuentas no solo sobre el contenido del DNU, sino también sobre el método de toma de decisiones, marcado por la discrecionalidad y la falta de transparencia.
