La Legislatura de Santa Fe convirtió en ley el nuevo régimen para sancionar la actividad de los cuidacoches en la provincia. El Senado insistió con su sanción inicial después de los cambios realizados por Diputados y cerró un debate que atravesó buena parte de 2026.
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La iniciativa, impulsada por el senador por Rosario, Ciro Seisas, incorpora los artículos 66 bis, 66 ter y 66 quater al Código de Convivencia. La norma alcanza a quienes, sin autorización, ofrezcan lugares de estacionamiento en la vía pública a cambio de dinero, además de actividades de guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos.
La aplicación tiene una condición central: la actividad deberá estar prohibida previamente por la normativa local vigente. De esta manera, la Provincia establece las figuras contravencionales y las sanciones, mientras que los municipios tendrán a su cargo la actuación en aquellos distritos donde exista una prohibición.
Trabajo comunitario y arresto para reincidentes
Las sanciones contemplan entre dos y diez días de trabajo comunitario, junto con la prohibición de concurrir al lugar donde se produjo la contravención. En caso de reincidencia, la pena prevista aumenta a entre diez y veinte días de arresto.
Las penas podrán duplicarse cuando existan violencia o amenazas, cuando la actividad se realice en sectores de estacionamiento tarifado o en inmediaciones de eventos masivos. También se contemplan agravantes para hechos ocurridos entre las 18 y las 6, en zonas escolares, bancarias, comerciales o cercanas a edificios públicos, entre otros supuestos.
Los municipios tendrán a su cargo la acción contravencional y podrán solicitar la intervención policial para desplazar del espacio público a presuntos infractores. La norma también incorpora un apartado de prevención e inclusión social, con medidas vinculadas a capacitación laboral, formación en oficios, salud mental y consumos problemáticos.
La sanción definitiva llegó después de varias postergaciones y diferencias en torno al alcance de la regulación, el papel de los gobiernos locales y las penas previstas. Con la votación del Senado, el nuevo esquema quedó incorporado al Código de Convivencia provincial.
