El manejo de las cuentas públicas abrió un nuevo frente político en Santa Fe. Referentes y exfuncionarios del peronismo cuestionaron al gobierno de Maximiliano Pullaro por el resultado financiero del primer semestre de 2026, que ubicaron en un déficit de $717.740 millones, equivalente al 10,2% de los recursos provinciales.
Te puede interesar
Walter Agosto, exministro de Economía durante la gestión de Omar Perotti, sostuvo a partir de su análisis de los datos oficiales que se trata del déficit más elevado de la última década. Según detalló, los recursos totales crecieron apenas 1% interanual en términos reales, mientras los gastos aumentaron 9,2%.
La oposición también puso el foco sobre el ahorro corriente, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos de funcionamiento. Según los datos presentados por Agosto, pasó de $500.492 millones en el primer semestre de 2025 a $48.038 millones durante el mismo período de 2026, una caída real del 90,4%.
“Hay una situación macro que afecta a Santa Fe y a la industria, el comercio y la construcción que son los sectores que concentran el grueso del empleo. Según datos oficiales de la provincia, en el primer semestre la economía creció 0.4%. El gobierno de Pullaro apoya las políticas macro que perjudican a los santafesinos”, afirmó Agosto.
Rubén Michlig, exfuncionario de la gestión de Perotti, también cuestionó el estado de las cuentas provinciales. “Luz roja en las cuentas provinciales, que muestran una pérdida de la solvencia fiscal”, advirtió en X. Además, sostuvo que la reducción de los fondos nacionales dejó a la deuda como una de las principales herramientas para sostener la inversión pública.
El IAPOS entró en la discusión
Otro de los puntos cuestionados por el peronismo fue la situación del IAPOS. La oposición apuntó contra el decreto 1878/2026, al señalar que habilita una transferencia de hasta $57.000 millones como “aporte excepcional”, con devolución cuando existan recursos suficientes. Durante 2026, el presupuesto del organismo también recibió ampliaciones de recursos provenientes del Tesoro provincial para financiar prestaciones.
“Pullaro se queda con $57.000 millones que son del IAPOS y los manda a recursos de libre disponibilidad”, cuestionó el diputado nacional Germán Martínez. Por su parte, el legislador provincial Miguel Rabbia presentó un pedido de informes para conocer los motivos de la medida, su posible impacto sobre las prestaciones y los plazos previstos para devolver los fondos.
El reclamo aparece en medio de cuestionamientos de prestadores y afiliados por aranceles, demoras en pagos, dificultades para acceder a turnos y medicamentos y el cobro de adicionales. La situación de la obra social se convirtió así en otro eje de la disputa entre el gobierno provincial y la oposición por la administración de los recursos públicos.
