Un proyecto presentado en la Legislatura de Santa Fe busca eliminar contenidos sobre diversidad sexual e identidad de género del material de estudio correspondiente al Concurso de Ascensos Policiales 2026.
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La iniciativa fue impulsada por la diputada Natalia Armas Belavi, del bloque Vida y Familia, quien considera que estos conceptos son ajenos a las tareas de seguridad y no deberían formar parte de las evaluaciones.
El planteo generó cuestionamientos porque los temas incluidos en el manual no responden solamente a definiciones teóricas, sino también a leyes y protocolos que el personal policial debe respetar durante sus intervenciones.
Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que la terminología forma parte del apartado sobre violencia de género y se encuentra vinculada con normas vigentes.
Referentes de derechos humanos y diversidad advirtieron que retirar estos contenidos podría debilitar la formación de los agentes para actuar sin discriminación frente a personas con diferentes orientaciones sexuales e identidades de género.
Qué contenidos quiere eliminar el proyecto
El proyecto de comunicación ingresó el 22 de septiembre a la Cámara de Diputados y cuestiona particularmente el apartado ubicado en la página 204 del manual.
Ese capítulo explica conceptos vinculados con distintas orientaciones sexuales y cita la Ley Nacional N.º 26.743 de Identidad de Género.
El material menciona la heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, pansexualidad, demisexualidad, lithsexualidad, autosexualidad, antrosexualidad, polisexualidad y asexualidad.
También aclara que establecer categorías cerradas puede resultar conflictivo porque existe el riesgo de limitar la diversidad de experiencias y orientaciones.
Armas Belavi sostuvo que estos conceptos son “ajenos a la función policial y a la seguridad de los vecinos”.
“Deben evaluarse contenidos estrictamente relacionados con la labor para poder demostrar idoneidad para el puesto y no plagarlo de ideología vacía que en nada contribuye al desempeño policial”, afirmó.
Según la legisladora, integrantes de la fuerza reclamaron que las evaluaciones se concentren en la preparación profesional y operativa. También cuestionó lo que definió como contenidos “sin fundamento científico”.
Los contenidos responden a protocolos vigentes
Fuentes del Ministerio de Seguridad señalaron que el manual utiliza términos actuales dentro del temario destinado a prevenir la violencia de género.
Además, recordaron la existencia de la Resolución Interministerial 1427/19, que establece un protocolo de actuación ante intervenciones vinculadas con personas del colectivo LGBTI.
La formación permite que los agentes conozcan las normas que deben aplicar y cuenten con herramientas para evitar respuestas discriminatorias.
Por esa razón, estos contenidos no se limitan a identificar orientaciones sexuales: también buscan establecer pautas para una actuación policial respetuosa de los derechos individuales.
Su eliminación podría dejar al personal con menos herramientas para abordar situaciones contempladas por la legislación y los protocolos provinciales.
El riesgo de violencia institucional
La activista y militante lesbofeminista Carina Depaoli defendió la inclusión de estos temas en la formación policial y sostuvo que conocer las distintas identidades resulta fundamental para prevenir la violencia institucional.
“Es necesario y fundamental que todas las instituciones del Estado sepan reconocer las distintas identidades sexuales para no incurrir en violencia institucional”, explicó.
Depaoli remarcó que las convicciones personales de los agentes no pueden condicionar el reconocimiento de derechos ni la atención que reciben los ciudadanos.
“Más allá de las creencias personales, las personas con estas orientaciones y con sus identidades existen y son tan sujetos de derecho como cualquier otra”, señaló.
También advirtió que las prácticas discriminatorias pueden perjudicar a las personas afectadas y poner en riesgo la carrera del agente responsable.
La activista rechazó el argumento de que conocer distintas orientaciones sexuales pueda influir sobre quienes reciben la capacitación. Según explicó, la formación solamente aporta información para mejorar las intervenciones y garantizar derechos.
El debate excede así la cantidad de conceptos incluidos en un examen. La discusión central pasa por definir si la Policía debe conservar herramientas específicas para intervenir ante la diversidad social y evitar que las creencias personales deriven en discriminación o violencia institucional.
