La avanzada conservadora contra los derechos conquistados vuelve a tomar forma en el Congreso. Los diputados nacionales Gerardo Milman (PRO), Lilia Lemoine y Carlos Zapata (La Libertad Avanza) presentaron un proyecto de ley que busca desguazar la Ley de Identidad de Género (26.743), una norma pionera y reconocida internacionalmente que colocó a la Argentina como referente en materia de derechos humanos y diversidad. El objetivo explícito de la iniciativa es sustituir, modificar e incorporar artículos para prohibir el uso de fondos públicos destinados a tratamientos hormonales o quirúrgicos de las personas que desean adecuar su cuerpo a su identidad autopercibida.
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La propuesta no solo intenta bloquear la financiación estatal de estos procedimientos, sino también impedir que las obras sociales, el Plan Médico Obligatorio (PMO) o cualquier programa con aportes públicos los cubran. En palabras del diputado Milman, la ley vigente utilizó al Estado para “intervenir, financiar, promover e imponer concepciones culturales, lingüísticas y médicas que no gozan de consenso social ni científico”. Una frase que evidencia un intento de deslegitimar no solo la política pública, sino la propia existencia y dignidad de las personas trans y travestis.
Un retroceso en derechos humanos
La Federación Argentina LGBT+ repudió enérgicamente el proyecto, calificándolo como “un retroceso inadmisible en materia de derechos humanos”. La organización alertó sobre las graves consecuencias que tendría para la población trans y travesti, una de las más vulnerabilizadas y con menor acceso al trabajo formal, vivienda y salud. Si se aprueba, quienes necesiten tratamientos hormonales o cirugías deberán afrontarlos con sus propios recursos, algo imposible para la gran mayoría.
El proyecto va más allá: propone prohibir intervenciones médicas en menores de 18 años, incluso con consentimiento informado, negando el principio de autonomía progresiva y el interés superior del niño. También busca restringir los cambios registrales para menores, exigiendo el consentimiento unánime de ambos progenitores y la validación de un equipo interdisciplinario, estableciendo barreras casi infranqueables para acceder a la identidad legal.
Desde febrero, tras el discurso de Javier Milei en Davos, se percibe un ataque sistemático a la Ley de Identidad de Género. Entre los puntos más alarmantes está la iniciativa para eliminar el principio de trato digno: según la nueva redacción, el uso del nombre autopercibido en instituciones sería “voluntario y no obligatorio”. Además, plantea un “principio de neutralidad estatal” que impediría al Estado promover contenidos que reconozcan la identidad de género en la educación y los organismos públicos.
Argentina fue, en 2012, ejemplo para el mundo con una legislación que garantizó a cada persona el derecho a ser reconocida como quien es. Retroceder sobre esa conquista no solo sería un daño concreto para miles de vidas, sino una señal de regresión democrática que deja expuestas las prioridades de quienes impulsan estas medidas: un país sin diversidad, sin derechos y sin justicia social.
