El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a una movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación, del cual depende la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que preside el Directorio del Sistema Único de Prestaciones.
La marcha comenzó este martes a las 10.30 al edificio de la cartera, ubicado en Avenida 9 de Julio 1925 de la Ciudad de Buenos Aires.
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La manifestación se realiza ante la falta de respuesta del director ejecutivo de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y del ministro de Salud, Mario Lugones, quienes no atendieron el reclamo urgente de convocatoria a reunión de Directorio para actualizar los aranceles de las prestaciones. "Esta situación profundiza la grave crisis del sector discapacidad", denuncian.
De no resolverse, más de 250.000 personas con discapacidad corren riesgo de quedarse sin atención, debido al ahogo financiero que enfrentan los prestadores de servicios. "La crisis ya es insostenible. ¡No podemos esperar más!", insistieron.
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Respecto al Proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad
Si el problema no se resuelve pronto, más de 250.000 personas con discapacidad corren riesgo de quedarse sin atención, debido al ahogo financiero que enfrentan los prestadores de servicios. Eso es lo que advierten desde el Foro, en el cual también se encuentran a la espera del tratamiento del Proyecto de Emergencia en Discapacidad.
Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad continúa impulsando el Proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad, como respuesta estructural a la situación crítica del sector.
"En cuanto se confirme el día y la hora, lo vamos a comunicar por nuestras redes sociales y sitio web. Nos mantendremos en estado de alerta y movilización. Convocamos a toda la comunidad a acompañar esta lucha. La discapacidad también es una prioridad", indicaron.
Sobre el sistema de prestaciones en discapacidad
La Ley 24.901 es la norma que reconoce los derechos de las personas con discapacidad y establece las prestaciones básicas que deben garantizarse en todo el país. A partir de esta legislación se creó el Sistema Único de Prestaciones Básicas, quien se “encarga de regular el acceso a los servicios y de establecer los aranceles y criterios de cobertura”.
La gestión del sistema está a cargo de un directorio integrado por la ANDIS, el viceministro de Salud -o un delegado del mismo-, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), y el programa Incluir Salud.
También lo integran representantes de la Superintendencia de Servicios de Salud —que regula obras sociales y prepagas—, de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), y dos representantes del sector prestador.
