Mientras el Gobierno Nacional permanece indiferente, miles de personas con discapacidad trabajan todos los días en condiciones dignas, pero sin cobrar. Desde hace cuatro meses, el Estado les debe su sueldo: apenas 28.000 pesos mensuales, un monto congelado desde febrero de 2023, que además resulta irrisorio frente al costo de vida actual.
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Cada mañana, en la panadería del taller Dignidad Chivilcoy, ubicada en la provincia de Buenos Aires, el mismo reclamo se repite con dolorosa insistencia: “¿Cuándo cobramos?”. Entre bizcochitos, palitos de queso y tapas de alfajores, los trabajadores —todos ellos personas con discapacidad— preguntan por su salario, un derecho básico que el Estado les niega sistemáticamente.
Este taller protegido, que funciona desde hace 21 años, da trabajo a 30 personas y es apenas uno de los 236 talleres de este tipo que existen en todo el país. Estos espacios surgieron ante la falta total de políticas de inclusión laboral reales, como una respuesta desesperada a un Estado ausente. Aquí, los trabajadores cumplen jornadas de cuatro horas diarias, en actividades que van desde la elaboración de alimentos hasta servicios de separación de residuos, como sucede en la planta de Necochea, que también es gestionada por un taller protegido y emplea a 45 trabajadores con discapacidad.
Una deuda estructural: promesas incumplidas y leyes ignoradas
El abandono no es nuevo. Existe una ley, la 22.431, que ordena reservar el 4% de los empleos estatales a personas con discapacidad. Pero como tantas otras normativas en Argentina, se cumple solo en el papel. En el sector privado, directamente no hay incentivos que promuevan la inclusión.
Las cifras oficiales de 2023 son alarmantes: de casi 1,6 millones de personas con Certificado Único de Discapacidad, más de la mitad está en edad laboral, pero apenas el 12,6% tiene empleo. Es decir, casi 800.000 personas con discapacidad en edad de trabajar están completamente marginadas del sistema productivo.
En este contexto, los talleres protegidos se convirtieron en la única oportunidad de tener un empleo digno para muchos. Pero ni siquiera ese esfuerzo es respetado: el Estado, que debería apoyar y garantizar el funcionamiento de estos espacios, ni siquiera paga en tiempo y forma.
“El Estado les falla todos los días”
Darío Corrao, miembro de la comisión directiva de Dignidad Chivilcoy y padre de Lucía, una joven de 19 años con retraso madurativo, no oculta su indignación: “La educación de las personas con discapacidad está más o menos resuelta. Pero después, ¿qué? El Estado sigue fallándoles todos los días”.
Su hija, que recientemente empezó a trabajar en la panadería, todavía no sabe lo que es cobrar un sueldo. Como ella, miles esperan que el Estado cumpla con su obligación más básica: pagar por su trabajo.
La Federación de Talleres Protegidos de la Provincia de Buenos Aires (Fetap) estima que son más de 6.000 las personas afectadas en todo el país. Muchos talleres tienen lista de espera: las familias peregrinan buscando un lugar para sus hijos cuando terminan la escuela, porque saben que en el mercado laboral formal no tienen casi ninguna posibilidad.
La dignidad que el Estado niega
Mientras el gobierno nacional ignora sus necesidades más elementales, los trabajadores de los talleres protegidos siguen cumpliendo sus tareas, mostrando que la dignidad no necesita permiso, pero sí exige respeto. Sin embargo, el abandono, la indiferencia y la deuda salarial son una herida abierta que exhibe el profundo desprecio estatal hacia uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
