La crisis económica golpeó nuevamente al sector productivo, esta vez con el cierre inesperado de la fábrica de galletitas Tía Maruca en Chascomús, resultando en la desvinculación de 27 trabajadores. La noticia, comunicada abruptamente el pasado jueves al mediodía por el director de Recursos Humanos, generó conmoción en esta localidad bonaerense de aproximadamente 40.000 habitantes.
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Entre los cesanteados se encuentra la jefa de planta, oriunda de La Plata, lo que subraya la magnitud de la medida adoptada por la compañía. Los empleados fueron notificados de su "desafectación" inmediata y se les ofreció una "compensación económica" en lugar de las indemnizaciones de ley, situación que ha encendido las alarmas sobre el futuro laboral de estas familias.
Denuncia de vaciado y trabajadores sin garantías
En las horas posteriores al anuncio, la tensión se elevó cuando dos camiones fueron vistos retirando materia prima de las instalaciones. Los trabajadores solicitaron que se detenga el vaciamiento de la planta hasta que se resuelva su situación laboral y se asegure el pago de sus derechos.
Los afectados denuncian que, a pesar del despido, aún no han recibido los telegramas formales y no tienen garantías inmediatas de una indemnización que les permita sostener a sus familias mientras buscan un nuevo empleo.
El conflicto escaló rápidamente en el plano oficial: una audiencia que ya estaba pactada en el Ministerio de Trabajo bonaerense el último viernes, originalmente por atrasos en el medio aguinaldo, se transformó en el marco para abordar el cierre sorpresivo. Los obreros ahora exigen una intervención estatal urgente que interceda ante la compañía.
Los precedentes
La medida de Tía Maruca no es un hecho aislado. La empresa había cerrado previamente su planta en San Juan en agosto de este mismo año, dejando sin trabajo a decenas de familias, un claro indicador de la severa crisis económica que atraviesa. Los trabajadores aseguran que la notificación de cierre se dio sin previo aviso.
La compañía, fundada en 1998 por Alejandro Ripani (quien se mantiene como accionista minoritario), fue un actor clave en el mercado de galletitas, llegando a controlar cerca del 5% de la cuota nacional tras la adquisición de la planta Dilexis en 2017 (ex-Pepsico). Sin embargo, los problemas financieros se agudizaron en 2019, llevando a la firma a un concurso preventivo de acreedores.
En un giro reciente, en 2024, Argensun Foods (dueña de Pipas) adquirió el 50% del paquete accionario tomando el control. A pesar de este cambio de mando, el cierre de la unidad en Chascomús refleja un profundo ajuste corporativo que reduce la capacidad productiva de la empresa, que hasta este momento contaba con cinco plantas de producción y una capacidad total de 15.000 toneladas anuales.
