La crisis de Flybondi ya no es solo operativa. Es un escándalo que involucra a cientos de trabajadores estafados, pasajeros que pagan por vuelos que nunca despegan y un Gobierno que mira para otro lado mientras el empresario amigo sigue haciendo negocios.
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Este viernes, los empleados de la aerolínea low cost salieron a la calle para protestar en Aeroparque. Llevan más de tres meses sin cobrar indemnizaciones por despidos sin causa y acuerdos de retiro voluntario que la propia empresa firmó y homologó.
Más de 700 exempleados esperan el pago de lo que les corresponde. Algunos firmaron acuerdos ante escribano público. Otros los homologaron en el SECLO. Pero la empresa, que dirige el empresario Leonardo Scatturice, no pagó.
"Desde abril no cobramos", denunció una extrabajadora. Los acuerdos quedaron en papel mojado. Y la Justicia, lejos de acelerar los procesos, se convirtió en un mecanismo de dilación que la empresa utiliza a su favor.
Flybondi: los trabajadores protestan en Aeroparque y denuncian la complicidad del Gobierno
La situación de los que todavía trabajan en Flybondi no es mejor. La empresa les adeuda los salarios de junio, julio y el medio aguinaldo. Y el 6 de agosto, la falta de pago de aportes patronales dejó a empleados activos y exempleados sin cobertura de medicina prepaga ni obra social.
Las personas que necesitan atención médica, que tienen tratamientos en curso, que dependen de su obra social para sobrevivir, se quedaron sin nada. La empresa no pagó, pero el Gobierno no hizo nada.
Flybondi fue presentada durante años como el ícono de la "revolución de los aviones", el ejemplo del modelo low cost que el gobierno de Milei quería imponer en toda la aviación comercial. Pero hoy es la crónica de un naufragio administrado.
El negocio de la desregulación
La empresa canceló más de 2.500 vuelos entre junio de 2025 y mayo de 2026, redujo su flota a apenas dos aviones operativos, y sigue vendiendo pasajes como si nada pasara.
Mientras, la ANAC, el organismo regulador que depende del Gobierno, continúa aprobando sus planes operativos. En Brasil, en cambio, las autoridades ya restringieron la venta de pasajes de Flybondi por el alto nivel de cancelaciones y fallas operativas.
El dueño de Flybondi, Leonardo Scatturice, es un empresario con vínculos estrechos con el Gobierno. Fue el nexo entre Javier Milei y Donald Trump. Sus empresas tienen contratos millonarios con el Estado. Y su avión privado llegó al país desde Miami sin ser revisado por Aduanas.
Una estafa con nombre y apellido
La Justicia ya embargó las cuentas de Flybondi por casi $1.500 millones en deudas fiscales con ARCA. Pero el embargo no detiene la venta de pasajes. La empresa sigue estafando a pasajeros que compran tickets para vuelos que probablemente nunca despegarán.
También hay proveedores que acumulan meses sin cobrar. Y el Estado, que debería ser el primero en exigir el cumplimiento de las obligaciones, se mantiene en silencio.
Por eso los empleados tuvieron que organizarse por su cuenta. Porque el gremio no los defiende. Porque el Gobierno no los protege. Porque el único que cuida sus intereses es Scatturice.
Flybondi es el ejemplo perfecto de lo que el gobierno de Milei entiende por desregulación: un mercado sin control donde los empresarios amigos hacen lo que quieren, los trabajadores pierden sus empleos y sus derechos, y los pasajeros pagan el costo de un modelo que solo beneficia a unos pocos.
