Como ocurre todos los años, el debate público de Presupuesto se suele centrar en lo ilusorio de los postulados macro y en la distribución de obras de infraestructura para los distritos. Son aspectos importantes, pero no lo fundamental. El diseño del Presupuesto marca el compromiso de cada administración con las diferentes áreas del Estado y el esquema de jerarquías sobre las funciones de orden público. Penosamente hoy un gobierno argentino tiene menos grados de libertad para llevar adelante su voluntad de gestión. Las restricciones del préstamo del FMI dejan maniatado al Ejecutivo, que pierde grados de libertad en materia fiscal.
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Los parámetros macroeconómicos utilizados en la formulación presupuestaria suelen ser datos proyectados para mantener la consistencia técnica de la Ley de Leyes. Más allá de pavimentar un sendero de buenas intenciones, es poco probable que estas estimaciones se cumplan. En un contexto de nominalidad alta e inestable, lo usual es que se termine subestimando el valor efectivo para cada una de las variables. Aún así, se pueden sentar algunas conclusiones de los números dispuestos. En primer lugar la previsión para el PBI marca un ascenso del 2,7% para el 2024, revirtiendo la caída del 2,5% que se espera para este año. Puede ser un escenario factible en caso que el programa económico 2024 no tome a la actividad como variable de ajuste. Otras tasas relevantes son la variación del IPC, donde se incorpora un recorte (casi) a la mitad, pasando del 135,7% al 69,5%. También la evolución del dólar oficial, con un aumento en línea con la inflación futura. Todo esto se trata de un “mejor escenario”, que puede verse afectado por contingencias externas o efectos indeseados del Plan de Estabilización que se va a aplicar el año venidero.
La pata del gasto seguirá con poca firmeza por las restricciones macro objetivas y la observancia del programa con el Fondo Monetario. Se propone un aumento del gasto total del 91,4% que, una vez ajustando inflación, se comprimiría a un recorte real del 2,6%. De cumplirse, se trataría de un ajuste de menor proporción al actual, ya que 2023 cerrará con un recorte efectivo del orden del 6%. En el detalle, la caída más sensible del gasto se presenta en el segmento de “Servicios Económicos” (-15,6%) donde se encuentran los fondos para cubrir los subsidios a los servicios públicos para familias y empresas. También se prevé ajustar clavijas sobre “Administración Gubernamental” (-11,4%) donde se contemplan menos transferencias monetarias a las Provincias. En contraste, los rubros con aumentos previstos son los de “Defensa y Seguridad” (+2.4%) y Servicios Sociales (+1,5%), ambos con crecimientos módicos. El cualquier caso, los resultados dependerán de la efectiva inflación del año próximo, además de velocidad de la ejecución efectiva del gasto. Todo esto, claro está, bajo el supuesto que este presupuesto sea finalmente aprobado.
En cuanto a las fuentes de recaudación que el gobierno consigna para el año próximo hay proyecciones muy variadas. Por caso, en el IVA se espera una menor incidencia como porcentaje del PBI, pasando del 7,8% en 2023 al 6,7% para 2024. Se explica por los reintegros sobre productos de la canasta básica y los créditos fiscales por las mayores percepciones aduaneras ingresadas este año. Otro tributo relevante es ganancias, donde estima un avance marginales de los ingresos fiscales en 0,2 puntos del PBI, fruto del arrastre de la alta nominalidad de la economía respecto al período fiscal 2022. Paradójicamente el texto presupuestario no se hace eco de la menor recaudación por la rebaja en la cuarta categoría. Sin dudas el mayor aporte diferencial lo harán los impuestos vinculados al comercio exterior, por medio de los cuales se pronostica una mejora de 0,9 puntos del PBI. La razón es un eventual incremento de las cantidades exportadas, dada la finalización de la sequía, y un mayor volumen de importaciones gracias a la normalización de la posición de reservas. Con todo, el Presupuesto 2024 vaticina una suba de la presión tributaria de 0,3 puntos del PBI, que contribuirá a cumplir la exigencia del FMI para recortar el déficit primario en un punto porcentual.
La ‘vedette’ del Presupuesto es la separata del gasto tributario, constituida por todas las exenciones, preferencias tributarias y regímenes promocionales para el sector privado. No es la primera vez que se presenta, pero conforme madura el debate sobre las prioridades fiscales en nuestra economía, estos beneficios para sectores específicos se ponen bajo la lupa. Según consigna el Ejecutivo, en este 2023 los gastos tributarios tendrán una incidencia de 2,55% del PBI, mientras que para 2024 se reducirán a 2,34% del PBI. Entre los de mayor magnitud para el año próximo encabeza el bloque de alícuotas reducidas de IVA (0,62% del PBI), de dudosa apropiación por parte del consumidor final. Sigue en orden de incidencia el régimen de promoción de Tierra del Fuego (0,33% del PBI), que siempre recibe objeciones de sectores liberales por lo que consideran una protección efectiva que reproduce las ineficiencias. Con menor peso, pero igualmente relevantes, se encuentran los regímenes de promoción para PyMEs (0,15% del PBI) y la exención del pago de impuesto a las ganancias para los miembros del Poder Judicial (0,16% del PBI). Sobre esta última partida parece haber un consenso amplio de la inmoralidad que implica mantenerla. Aún así nadie le pone “el cascabel al gato” y el privilegio sigue indemne con el paso de los años.
Solo recortando parcialmente los gastos tributarios se podría revertir el déficit primario para 2024, postulado en 0,9% conforme el acuerdo con el FMI. La probabilidad de que esto ocurra es escasa con un Congreso tan poco cohesionado. El complemento necesario para analizar la viabilidad de esta propuesta presupuestaria es el programa financiero para el año próximo. Es ahí donde Economía deberá diseñar una estrategia consistente para cubrir los 2,8 puntos del PBI de desbalance fiscal entre el rojo fiscal y el pago de intereses por la deuda del Tesoro. En este ejercicio no hubo mayores problemas a la hora de captar los fondos necesarios para cubrir el déficit. La Secretaría de Finanzas llevó a cabo sucesivos canjes que permitieron ampliar el horizonte de vencimientos, descomprimiendo pagos a cambio de mejorar los instrumentos otorgados al mercado. Claro que se trata de un contexto de anomalía, con exceso de pesos en circulación, mucha represión financiera y pocas opciones privadas para alocar recursos. Mirando hacia delante, entre los principales problemas se destaca el crowding out como limitante para el aumento de la inversión, y el déficit cuasifiscal que adquirió una velocidad preocupante por la nominalidad estrafalaria de la economía.
El tratamiento del Presupuesto se demorará hasta que clarifique el panorama político electoral. Nadie va a prestar acuerdo para validar esta propuesta de gobierno mientras haya probabilidad que la gestión la vaya a encabezar una fuerza radicalmente opuesta. Más allá de establecer un orden de prioridades, está claro que la “Ley de Leyes” no va a ser una hoja de ruta certera hasta que no se reduzcan los desequilibrios macro y se recupere un mínimo de estabilidad en la política económica. Sea quién sea que gane las elecciones, puede dar un primer paso respetando lo más posible el texto que resulte aprobando a fin de este año.
