Mientras el gobierno congela jubilaciones, recorta fondos para salud y educación, y predica austeridad, una oscura prioridad se impone: la inversión masiva en armamento para la represión interna. El Ministerio de Seguridad destinó más de $1.000 millones a la compra de balas de goma, granadas y lanzagases, y acaba de abrir una nueva licitación por otros $500 millones para adquirir máscaras antigas, escudos y bastones.
Te puede interesar
La maquinaria del control social avanza, blindada con cifras millonarias. El punto de quiebre se dio el 12 de marzo frente al Congreso. Ese día, un operativo represivo dejó al reportero gráfico Pablo Grillo gravemente herido tras recibir el impacto de un cartucho de gas en la cabeza. El cartucho, del tipo 38.1 mm, es el mismo que las fuerzas utilizaron indiscriminadamente contra jubilados, docentes y trabajadores que se manifestaban pacíficamente. Solo ese despliegue costó cerca de $80 millones.
Hoy, Pablo Grillo permanece internado en terapia intensiva, y están pidiendo dadores de sangre en las redes.
Lejos de ser un hecho aislado, este accionar forma parte de una política sistemática. El “arsenal Bullrich” incluye la adquisición de 5.875 cartuchos de gas a Fabricaciones Militares sin licitación pública, por una suma superior a los $1.150 millones. Cada cartucho, como el que impactó en Grillo, tiene un valor de $196.000. A esa cifra se le suman los gastos en cascos, escudos, bastones y equipamiento antidisturbios. Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, el gasto en insumos represivos no ha parado de crecer. Sin embargo, el Gobierno se niega a informar oficialmente cuántas balas, gases o cartuchos se usaron en la represión. Alegan que todo forma parte del “presupuesto ordinario” de las fuerzas. La represión ya no es solo una respuesta. Es una inversión. Y el pueblo, el blanco.
