Ante el reclamo desesperado de una representante de organizaciones civiles por la crítica situación económica que atraviesan las instituciones que atienden a personas con discapacidad, Núñez respondió con desdén:
“Las opiniones son irrelevantes, no tengo por qué darte una opinión. Lo que te puedo dar es un dato, y no tengo información”.
Te puede interesar
El video del momento fue difundido por la agrupación Familias TEA La Plata, conformada por padres y madres de personas con autismo, que no tardaron en denunciar públicamente el destrato. La funcionaria fue acusada de mostrar una actitud fría e indiferente frente a la crisis que amenaza con el cierre de centros esenciales para la comunidad.
El reclamo de fondo gira en torno a la falta de actualización del nomenclador y los aranceles de prestaciones básicas, congelados desde diciembre de 2024. Esta situación tiene al borde del colapso económico a asociaciones que brindan apoyos fundamentales.
“Estamos a días de pagar el aguinaldo y no sabemos cómo. Las instituciones van a cerrar y las personas con discapacidad quedarán sin atención”, advirtió con angustia una expositora.
Pero lejos de recibir respuestas, las familias recibieron un portazo institucional.
En redes, las críticas estallaron: “Romina Núñez se vende como empática por ser madre de una persona con autismo, pero en los hechos no hace más que ignorar el sufrimiento de cientos de familias. Se acomoda en el Estado y abandona sus principios”, denunció la agrupación en un posteo que acompañó el video viral.
Las críticas hacia Núñez no son nuevas. Desde la asunción de Javier Milei como presidente, referentes del sector apuntan que su discurso social quedó archivado. “Prefirió callar para conservar su puesto antes que defender los derechos que alguna vez dijo representar”, sostienen.
Como si fuera poco, se conocieron recientes casos insólitos que profundizan la indignación: en Olavarría y Bolívar, beneficiarios de pensiones por invalidez fueron citados por carta documento a revalidar sus beneficios... en direcciones falsas. En Bolívar, la citación dirigía a una casa particular; en Olavarría, a una pizzería. Los municipios negaron tener información oficial.
La medida se enmarca en el “plan de revisión” del titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien la defiende como lucha contra supuestos “curros”. Sin embargo, en la práctica, se traduce en burocracia, miedo e indefensión.
El destrato no es aislado: es parte de una política que, según denuncian las organizaciones, ha dejado de tratar a las personas con discapacidad como sujetos de derecho.
