La postal de la Rambla amaneció cambiada para siempre. Con topadoras, más de 250 efectivos federales y una orden judicial de por medio, el municipio demolió durante la madrugada los más de 170 puestos que durante décadas funcionaron en la playa Bristol. Guillermo Montenegro, ya como senador, salió a celebrar el operativo y aseguró que “se terminó el vale todo en Mar del Plata”.
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Pero el festejo no fue unánime. Desde el Concejo Deliberante, sectores de Unión por la Patria salieron con los tapos puestos y le recordaron al ex intendente que la responsabilidad de ordenar ese espacio siempre fue municipal.
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La concejal Mariana Cuesta fue contundente: "la feria no es un invento de la noche a la mañana". Existe desde 2005, cuando durante el gobierno de Daniel Katz se sancionaron las ordenanzas 17.042 y 17.124 que autorizaron su funcionamiento. Incluso rechazó de plano que se catalogue a los feriantes como un “esquema fuera de regulación”.
Pero el punto más filoso lo sacó al recordar que en 2021, cuando Guillermo Montenegro era intendente, el propio municipio elevó al Concejo un proyecto para crear la Unidad Turística Fiscal “Paseo de Compras Bristol”, con el objetivo de licitar el espacio, ordenar la actividad y generar nuevas oportunidades de trabajo. El proyecto fue aprobado por unanimidad. Sin embargo, según denunció Cuesta, desde entonces no se avanzó con los pliegos ni con el llamado a licitación. “El conflicto actual es consecuencia de la falta de políticas”.
“La responsabilidad de ordenar y controlar el funcionamiento de la feria es del municipio”, remarcó la edil, cargando directamente contra la gestión de Montenegro primero y contra el intendente interino Agustín Neme después. Y fue más allá: “El espacio lleva años funcionando en una zona clave de la ciudad sin una solución de fondo”.
El diagnóstico opositor es lapidario. Lejos de ser un hecho aislado o una respuesta ejemplar, plantean que el allanamiento y la violenta destrucción de los puestos con maquinaria pesada es la consecuencia directa de años de abandono y falta de control por parte del propio estado municipal.
Mientras tanto, los feriantes quedaron en la calle y la discusión ahora gira en torno a quién se queda con el millonario negocio del predio liberado. Desde el oficialismo, el concejal Julián Bussetti salió a defender el operativo y aseguró que “el municipio recuperó un espacio histórico”. Pero desde Unión por la Patria el mensaje es otro: “No se puede desmantelar así nomás lo que durante años no supieron ordenar”.
