La ciudad vivió un fin de semana sin colectivos. El servicio estuvo paralizado desde el viernes a la tarde hasta el lunes a la mañana, cuando las empresas finalmente pagaron los salarios. Pero el conflicto está lejos de resolverse: lo que vino después fue una catarata de críticas cruzadas.
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Desde el Ministerio de Trabajo bonaerense, que tuvo que intervenir para mediar entre empresas y gremio durante la medida de fuerza, advirtieron que el sistema de transporte público marplatense sufre “condiciones estructurales” que lo tienen al borde del colapso. Y lo dijeron sin vueltas: “no existen garantías de que situaciones similares no vuelvan a repetirse en los próximos meses, incluso a instancias del pago del medio aguinaldo”.
El principal responsable de esta situación, según la Provincia, es el gobierno local. Los funcionarios bonaerenses calificaron como “preocupante” e “inexplicable” la “ausencia de respuestas concretas por parte del gobierno municipal, en la figura del propio intendente, que es la autoridad directamente responsable de garantizar el acceso de las y los ciudadanos al transporte”.
La Provincia cruzó a Neme por los colectivos
Mientras el paro se desarrollaba, el intendente interino Agustín Neme brilló por su ausencia. Durante todo el fin de semana, el municipio no emitió ni una sola declaración pública sobre la paralización que dejó a miles de trabajadores, estudiantes y jubilados a pata.
Recién el lunes al mediodía, cuando el servicio ya se había normalizado, el gobierno local soltó un comunicado de dos párrafos anunciando que iba a sancionar a las empresas. Nada más. Cuando este medio intentó ahondar en la postura oficial, recibieron como respuesta que “la orden era que nadie saliera a hablar del tema”.
El diagnóstico del Ministerio de Trabajo fue mucho más allá de la falta de respuestas de Neme. Señalaron la “persistencia de problemas vinculados a la calidad del servicio tales como deficiencias en el estado de las unidades, irregularidades en las frecuencias y la demora en la convocatoria a una nueva licitación pública del sistema”. A eso le sumaron el “estado deteriorado de las calles, que resultan intransitables en determinadas zonas”.
Las empresas, que gestionan un servicio concesionado, presionaron con el paro para conseguir un solo objetivo: que se apruebe ya un nuevo aumento del boleto. La Cámara empresaria pide un incremento del 65%, para llevar el pasaje de los actuales 1.550 pesos a 2.569. El estudio de costos del propio municipio fijó un valor técnico de 1.922 pesos (un 24% de suba), y el oficialismo ya programó para este martes una comisión conjunta en el Concejo Deliberante para tratar el pedido. Un solo tema en el orden del día, según pudo saber este medio.
Pero desde la cartera laboral bonaerense ya anticiparon que “cualquier eventual traslado de estos costos al valor del boleto implicaría una mayor dificultad de acceso al servicio para amplios sectores de la población y una profundización aún mayor en la caída de usuarios”. Las empresas, por su parte, denuncian que la caída de pasajeros ya llega al 30% en el último año y que los subsidios nacionales llegan con atraso.
Neme, hasta ahora mudo, tendrá que decidir si pone el pecho o si sigue escondido mientras el sistema se derrumba y el boleto se va por las nubes.
