La seguridad vial en Mar del Plata ha dejado de ser una prioridad de gestión para transformarse en un botín de guerra política. En las últimas horas, el bloque oficialista tomó la decisión de frenar el avance de la declaración de Emergencia Vial en las comisiones del Concejo Deliberante. A pesar de que los accidentes se multiplican y el estado del asfalto en los barrios es catastrófico, el oficialismo decidió "patear la pelota hacia adelante" solicitando informes técnicos al propio Ejecutivo, una maniobra que la oposición califica como una estrategia para dilatar soluciones ante una crisis que ya no se puede ocultar.
Esta postura de la gestión interina expone una contradicción flagrante: mientras se busca proyectar una imagen de control y orden, los vecinos de General Pueyrredón se enfrentan a un escenario de anarquía vial. La falta de controles preventivos y el evidente deterioro de la infraestructura urbana han convertido a la ciudad en un territorio donde circular es una actividad de riesgo.
Desinversión estructural y el fracaso del bacheo
El corazón del reclamo apunta directamente a la desinversión municipal. El pedido de informes que el oficialismo usa para ganar tiempo busca clarificar qué se está haciendo con el dinero de los contribuyentes en un área sensible. El estado de avenidas estratégicas como Luro, Juan B. Justo o Champagnat es una muestra clara de la desidia actual: baches de dimensiones históricas, señalización borrada y semáforos fuera de servicio por semanas. No se trata solo de una cuestión estética; son trampas mortales que obligan a realizar maniobras bruscas, provocando colisiones que el sistema de salud pública local ya no puede absorber.
La gestión interina de Agustín Neme ha sido señalada por mantener una política de "parches" en lugar de avanzar hacia una solución de fondo. Se le cuestiona priorizar el gasto en áreas de visibilidad mediática por sobre la pavimentación y la semaforización básica. Aunque desde el oficialismo se defiende el aumento de las tasas municipales bajo el argumento de la necesidad de recursos, los resultados no se reflejan en las calzadas. La ausencia de un plan estratégico de seguridad vial integral ha llevado a que la ciudad lidere las estadísticas de siniestralidad en la provincia, mientras las cuadrillas de vialidad parecen trabajar a un ritmo que no condice con la emergencia declarada por los vecinos.
El marketing de las fotomultas frente a la falta de control real
Otro punto de conflicto que golpea la imagen del intendente interino es el uso del sistema de fotomultas. Mientras el municipio recauda cifras millonarias a través de estos dispositivos, el sentimiento generalizado es que la función no es preventiva sino puramente fiscalista. No se observa una mayor presencia de agentes de tránsito en esquinas conflictivas ni controles de alcoholemia dinámicos en las zonas calientes de la ciudad; solo cámaras fijas que parecen tener un fin recaudatorio para paliar el déficit de las cuentas municipales.
La declaración de emergencia permitiría a la gestión de Neme reasignar partidas de forma ágil para atacar estos problemas. Sin embargo, al bloquear esta vía en el deliberativo, el oficialismo confirma que no hay una voluntad real de cambio. Mar del Plata no necesita más expedientes durmiendo en cajones, sino una inversión real que salve vidas. La seguridad vial debe dejar de ser una herramienta de marketing político para volver a ser una política de Estado. Mientras la política especula, el peligro sigue presente en cada esquina de la ciudad, esperando una respuesta que no llega.
