En una semana que no dio respiro, el gobierno finalmente hizo lo que su propio electorado le pedía: tomar la agenda política sin dejar de lado la lucha contra la pandemia. En ese sentido, trabaja con el concepto de "poner de pie a la Argentina" que tanto se repite, aunque la propia coyuntura pareciera exigir acuerdos que el presidente, Alberto Fernández, llamaría "más ortodoxos". 

La nueva fórmula jubilatoria que se está debatiendo en comisiones del Congreso plantea volver al "esquema CFK", que quita la inflación del cálculo, a diferencia de la reforma previsional que impulsó el gobierno de Mauricio Macri. "Funcionó durante los años de gobierno de Cristina", repiten dentro del oficialismo. El presidente Fernández había dicho que la movilidad planteada por el gobierno de Cambiemos no tenía asidero y por eso lo reemplazó por aumentos vía decreto durante este año. La idea era tener la nueva fórmula junto con el Presupuesto 2021, que por una cuestión administrativa será promulgado en Diputados la semana que viene y se convertirá en ley.

El ítem clave para el aumento de las jubilaciones será la recaudación, algo a lo que apunta consolidar el gobierno. Quizás el año que viene deba lucirse Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP. Esa tendencia fiscalista tiene entre sus objetivos la sanción del esperado y postergado impuesto a las grandes fortunas, que tendrá debate la próxima semana en terreno de Sergio Massa. Allí, con abstención de los diputados del Frente de Izquierda y el rechazo de Juntos por el Cambio, espera darle media sanción a una de las leyes pensadas por Máximo Kirchner y Carlos Heller para "paliar el gasto de la pandemia" pero que sería destinada a la reactivación del país. 

"A Alberto Fernández lo votaron para que haga funcionar la economía", reflexionaba el periodista de La Nación, Carlos Pagni. Por ello es que, si bien el presidente no le pierde el foco a la sanción del aborto, promesa de campaña que tendrá lugar en el recinto en las sesiones extraordinarias, y a la reforma judicial, que ya tiene media sanción del Senado, las leyes económicas están en la carpeta de prioridades. 

Quizás por esta necesidad se dio la salida del ministerio de Vivienda y Hábitat de María Eugenia Bielsa, carta de Cristina Kirchner con su acusación de "funcionarios que no funcionan" de por medio. Sin posibilidad de poner en tela de juicio la honestidad de Bielsa, a quien le ofrecieron reemplazar en la UNESCO al fallecido Pino Solanas, en el gobierno aseguran que necesitaban "mayor celeridad en la gestión" y que no era el momento de subejecutar el presupuesto. Allí es donde ingresa el ex intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, un caudillo del Instituto Patria, que pasó la "prueba CFK" hace rato y tiene de respaldo su gestión en el partido del conurbano sur, donde tiene amplio respaldo ciudadano.

El ministro de Economía empoderado, Martín Guzmán, busca por su parte avanzar en la gestión de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. En las últimas horas trascendió un acuerdo de facilidades extendidas que se estaría buscando negociar. Si bien hay una tendencia más progresista en el FMI, nadie duda de los condicionamientos que solicitarán para resolver estos problemas. En otras palabras: en algún lugar habrá que ajustar. La cancelación del pago del IFE 4 es una muestra evidente.  

El acuerdo implica que Argentina gane tiempo para pagar una deuda que hoy no está en condiciones de afrontar. Lo que está en juego es a qué costo. La posibilidad de algún aumento de tarifas para 2021 es un debate cada vez más fuerte en el oficialismo, como la cancelación de las PASO y la esperada reforma fiscal con tendencia a cobros progresivos según ingresos que tanta expectativa genera. Tomar las riendas de la agenda implica, por supuesto, riesgos. Lo que quedó demostrado es que el peor pecado es no tomarlos.