El gobierno de Javier Milei negocia con la administración de Donald Trump la firma de un acuerdo que permitiría deportar a la Argentina inmigrantes provenientes de otros países. La información surge de registros del gobierno estadounidense obtenidos por The New York Times.
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El mecanismo permitiría a Estados Unidos enviar ciudadanos extranjeros a Argentina con la idea de que “desde allí eventualmente se les ofrezcan vuelos para regresar a sus países de origen”.
Este tipo de convenios cumple una función crítica para la Casa Blanca: permitir la expulsión de personas provenientes de naciones con las que EE.UU. no tiene vínculos diplomáticos o capacidad operativa de devolución directa.
De concretarse, Argentina se sumaría a una lista de naciones que ya han aceptado este rol, como Costa Rica, El Salvador, Esuatini y Panamá, en un intento por “enviar un mensaje disuasorio para desalentar los cruces ilegales hacia EE.UU.”.
Compromiso de la Cancillería y alcance del operativo
Las tratativas avanzan mientras Estados Unidos lleva adelante un operativo de deportaciones amplio y agresivo. Según los documentos oficiales a los que accedió el medio estadounidense, el vicecanciller argentino en funciones, Juan Navarro, presentó a comienzos de este mes una propuesta formal para sellar el pacto.
Asimismo, los registros señalan que el canciller Pablo Quirno se comprometió ante las autoridades de Seguridad Nacional a avanzar con el convenio a la brevedad.
De acuerdo con la propuesta, Argentina aceptaría a personas que “hayan sido detenidas cerca de la frontera poco tiempo después de haber ingresado de manera ilegal a EE.UU.”. El interés de Milei en respaldar la ofensiva de Trump no es solo ideológico, sino que busca consolidar a la Argentina como el socio estratégico prioritario en la región, incluso asumiendo los costos logísticos y humanitarios que este tipo de operativos conlleva.
Los desafíos judiciales y diplomáticos
A pesar de que las conversaciones se encuentran en una “etapa avanzada”, el acuerdo aún no ha sido finalizado. En Estados Unidos, este tipo de deportaciones a terceros países han sido objeto de intensas impugnaciones judiciales, aunque hasta ahora los tribunales han permitido que continúen.
Para el gobierno de Milei, el desafío será doble: gestionar el reasentamiento temporal o la repatriación de ciudadanos de diversas nacionalidades desde suelo argentino y enfrentar las previsibles críticas de organismos de derechos humanos y de la oposición parlamentaria.
Sin embargo, para la Casa Rosada, el beneficio político de alinearse con el “operativo de deportaciones amplio y agresivo” de Trump parece superar cualquier riesgo interno, marcando un hito en la subordinación logística de la seguridad regional.
