El Gobierno nacional oficializó este lunes un paso clave hacia la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa estatal que garantiza el acceso al agua potable y los servicios de cloacas a más de 15 millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Lo hizo a través de la Resolución 221/25 de la Secretaría de Obras Públicas, que convalida un plan de transición de más de 100 páginas con un objetivo explícito: “concretar un exitoso proceso de privatización o concesión del servicio” en 2026.
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La decisión no es aislada. AySA ya había sido incluida en la Ley Bases como una de las empresas públicas sujetas a privatización. Su venta implicaría resignar el control estatal de un recurso esencial, en una de las zonas más densamente pobladas del país. La empresa opera en 27 distritos, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del Conurbano. Solo en 2023, abasteció de agua a más de 11 millones de personas y brindó servicios de cloacas a casi 9,5 millones.
Desde diciembre de 2023, la gestión libertaria puso en marcha una política de vaciamiento que dejó al descubierto el verdadero rumbo. Las cifras hablan por sí solas: de las 299 obras en marcha al cierre del año pasado, apenas 36 continúan activas. Otras 56 ya fueron rescindidas y el resto se encuentra paralizada. Más de 200 trabajadores fueron despedidos, en un contexto de ajuste que golpea también a la calidad del servicio y a la expansión de redes fundamentales para la salud pública.
Como parte del mismo proceso, las tarifas se dispararon. Según el Observatorio de Tarifas y Servicios del IIEP (UBA-CONICET), entre diciembre de 2023 y junio de 2025 el aumento acumulado fue del 343%. Es decir, se encarece un servicio básico al mismo tiempo que se reducen las inversiones, el personal y la presencia estatal. Una combinación que expone a millones de usuarios a la lógica del lucro empresarial, sin garantías de cobertura, acceso equitativo ni tarifas justas.
La privatización de AySA se inscribe en una avanzada más amplia sobre sectores estratégicos. El mismo camino se aplica sobre más de 9 mil kilómetros de rutas nacionales, cuya administración también podría pasar a manos privadas. Bajo el argumento de la eficiencia, el Estado se retira de áreas clave para la vida cotidiana, transfiriendo funciones esenciales al mercado.
El agua, como el transporte, la energía o la salud, no puede pensarse como una mercancía. Lo que está en juego no es una reestructuración administrativa, sino el derecho de millones de personas a vivir con dignidad. La privatización de AySA no garantiza eficiencia: garantiza desigualdad.
