La jueza de Nueva York Loretta Preska rechazó el pedido de Argentina de suspender la sentencia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos especulativos que hicieron la demanda por la expropiación de la petrolera.
Los litigantes reclaman un monto de $16.000 millones de dólares. De todas maneras, la aplicación del fallo implicaría la sanción de una nueva ley en el Congreso de la Nación.
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El Estado argentino había apelado el fallo la semana pasada y la magistrada de la Corte de Distrito Sur de Nueva York había convocado a las partes enfrentadas en el litigo a una audiencia de emergencia. La resolución de este lunes rechaza la suspensión de la medida y habilita a que continúen las acciones dispuestas por el juzgado.
El fallo va en línea con la exigencia elevada a principios de este año para que la Argentina brinde información sobre distintos activos, incluido el oro del Banco Central y acciones de otras empresas estatales.
La medida de la jueza Preska ordena a la Argentina "transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden". A su vez, BNYM deberá transferirlas "a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta".
El Estado argentino posee el 51% de las acciones de YPF, tras comprárselas a la empresa Repsol en 2012. Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa), reclama una millonaria indemnización por presuntas irregularidades en el proceso de estatización.
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Argentina podría apelar a la Corte Suprema de Estados Unidos
A pesar del fallo desfavorable, Argentina anticipó que continuará realizando presentaciones. Incluso, podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos para reclamar una revisión de la sentencia.
La defensa argentina sostiene que la orden de la jueza Preska de entregar las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.
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Además, pone sobre la mesa la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerado un “apoyo” del gobierno de Donald Trump.
La presentación también advierte sobre un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.
