Este sábado, la periodista acreditada de Página/12, Melisa Molina, fue expulsada de forma arbitraria del evento conocido como Derecha Fest, que se realizó en el hotel Quorum de la ciudad de Córdoba, donde el presidente Javier Milei cerraría la jornada con un discurso ante un auditorio sin transmisión en vivo.
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La cronista había ingresado al evento con su entrada adquirida por la web, pasó los controles sin inconvenientes y llegó a presenciar varias conferencias, entre ellas las de referentes de iglesias evangélicas, del asesor de Donald Trump Alex Bruesewitz y del portal La Derecha Diario. Sin embargo, cuando comenzó la presentación del influencer Diego Recalde y se preparaban para hablar Agustín Laje, Daniel Parissini, Nicolás Márquez y el propio presidente Milei, la situación cambió drásticamente.
Personal de la Casa Militar, que la reconoció por su acreditación en Casa Rosada, se le acercó para informarle que “desde Buenos Aires” no se quería la presencia de su medio en el evento. Cabe destacar que hasta ese momento, la periodista no había publicado ninguna cobertura del acto.
Lo que siguió fue aún más preocupante: fue llevada fuera del recinto por una persona que se presentó como “un contratado”, hasta un descampado lindero al hotel donde le prometieron que solo le colocarían “una pulsera de prensa”. Allí le solicitaron sus datos personales y le ofrecieron, sin justificación, la devolución del valor de la entrada: dos billetes de 20 mil pesos que ella no aceptó.
Posteriormente fue retenida detrás de una reja, sin poder regresar al salón ni retirarse libremente, en presencia de personal de seguridad privada y de Casa Militar. Finalmente logró irse por su cuenta, tras correr una valla, sin haber podido completar su labor periodística ni acceder a lo que el presidente decía en el evento, que no tuvo ningún tipo de difusión pública.
El hecho constituye un nuevo y alarmante episodio de censura directa contra un medio de comunicación crítico, con métodos que recuerdan prácticas mafiosas, absolutamente incompatibles con los estándares democráticos. La exclusión, el intento de soborno, la intimidación y la falta de identificación de los responsables marcan un preocupante precedente para el ejercicio del periodismo en la Argentina.
