Mientras el Gobierno de Javier Milei intenta controlar la crisis económica (a través de nuevos préstamos), la oposición sigue marcando el ritmo de la agenda legislativa en la Cámara de Diputados y volverá a agitar este martes el avispero de los temas de presunta corrupción que salpican a los hermanos Javier y Karina Milei.
Este martes a las 14 hs fue emplazado por la oposición un plenario de la comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud para seguir indagando en el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
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Se tratarán diversos pedidos de interpelación de funcionarios que incluyen a la secretaria general de la Presidencia, una de las principales implicadas en esta causa sobre desvío de recursos, sobreprecios y sobornos.
La investigación comenzó luego de la filtración de audios de Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS, donde detallaba un presunto esquema de coimas que involucraba a la hermana del Presidente y a su mano derecha, "Lule" Menem. Los pedidos de informes verbales también alcanzan al ministro de Salud y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Más tarde, a la 16 horas del mismo martes, se volverá a reunir la comisión que investiga la criptoestafa $LIBRA. La agenda prevé la citación testimonial de Karina Milei, mencionada como anfitriona de la reuniones que se llevaron a cabo en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada entre su hermano y los promotores de la fallida criptomoneda, y también como quien habría gestionado pagos indebidos a cambio de la promoción presidencial del emprendimiento.
De todas formas, la secretaria general de la Presidencia partió junto a Milei a Estados Unidos en la gira por ese país, por lo que su presencia está descartada.
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Diputados busca limitar el poder de Javier Milei con los DNU
Además, la Cámara de Diputados pondrá este martes en marcha el tratamiento del proyecto que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Ejecutivo. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y será discutida desde el mediodía en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento. El objetivo es emitir dictamen el 30 de septiembre y llevarlo al recinto en una sesión especial prevista para el 1 de octubre.
Esta tema incomoda al Gobierno, que recurre de manera habitual a los DNU para aplicar medidas sin pasar por el Congreso. La herramienta fue incorporada a la Constitución en 1994 para situaciones excepcionales, pero en la práctica todos los gobiernos lo usaron de manera discrecional.
En 2006 se sancionó la norma que consolidó la validez de los decretos: alcanza con la aprobación de una sola cámara para que queden vigentes, mientras que se necesita el rechazo de ambas para derogarlos. Eso convirtió en casi imposible anular un DNU, aunque en los últimos meses la oposición logró frenar algunos, entre ellos los vinculados a fondos reservados de la SIDE, Vialidad, el INTA, el INTI, Cultura y la Marina Mercante.
El proyecto que ahora impulsa la oposición cambia esas reglas. Con la nueva ley, bastará con el rechazo de una sola cámara para dar de baja un DNU. Además, fija un plazo máximo de 90 días desde su publicación en el Boletín Oficial para obtener convalidación legislativa, acorta a 48 horas el tiempo para que una cámara comunique su decisión a la otra y prohíbe al Ejecutivo dictar un nuevo decreto sobre el mismo tema durante el mismo año parlamentario.
La sesión especial que prepara la oposición también incluirá otros puntos de tensión con el oficialismo: los cambios en el Impuesto a los Combustibles, el rechazo al veto presidencial sobre los Aportes del Tesoro Nacional y la derogación de los decretos que modificaron la identidad de género y el estatuto de la Policía Federal.
