El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, desmintió categóricamente que el Gobierno bonaerense haya dado de baja a 24 efectivos policiales por razones políticas o por su supuesta cercanía con Maximiliano Bondarenko, excomisario y actual candidato de La Libertad Avanza, el espacio político liderado por Javier Milei. La aclaración surge tras la difusión en diversos medios de comunicación de una versión que indicaba que las desafectaciones habían sido motivadas por afinidades partidarias.
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Según explicó Alonso, la decisión se tomó a raíz de una denuncia anónima recibida por la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, en la que se alertaba sobre un presunto intento de golpe institucional dentro de la propia fuerza policial. “La presentación apuntaba a un grupo de 24 policías –entre ellos, algunos con altos rangos– que estarían involucrados en una confabulación que incluía un plan para desplazar a la actual cúpula policial y reemplazarla con este grupo, con Bondarenko a la cabeza de la conducción institucional”, detalló el ministro.
La gravedad del contenido de la denuncia motivó una auditoría preventiva en dos dependencias señaladas, donde se procedió a revisar computadoras oficiales y otros elementos de trabajo. “En esos equipos se hallaron múltiples evidencias que respaldan el contenido de la denuncia original. Por eso se tomó la decisión de desafectarlos, no de despedirlos. Eso significa que fueron apartados de sus funciones mientras se sustancia una investigación administrativa”, explicó Alonso.
El ministro remarcó que este procedimiento responde a los mecanismos legales establecidos por la ley orgánica de la policía bonaerense y que no está vinculado a ninguna persecución ideológica. “Acá no hay un problema con un candidato. De hecho, Bondarenko ya fue candidato. El problema radica en que esta persona estaría liderando un grupo activo de oficiales de policía sin haber pedido licencia ni autorización, lo cual constituye una infracción grave. La policía tiene formas, reglas y marcos legales claros”, subrayó.
En ese sentido, Alonso calificó la maniobra como la creación de un “comando institucional paralelo” que habría planificado desplazar mandos establecidos para colocar en su lugar a un nuevo grupo alineado políticamente. “Más allá de si eso hubiera prosperado o no, la sola planificación ya representa una falta de extrema gravedad”, afirmó.
Por último, contextualizó los hechos en el marco del discurso político nacional: “No podemos olvidar que el propio presidente Javier Milei planteó públicamente la idea de intervenir la Provincia de Buenos Aires. En ese clima, es inadmisible que haya policías activos involucrados en operaciones políticas. Si quieren hacer política, deben pedir licencia. Pero no pueden jugar a dos puntas: o se es policía o se es candidato. No se puede utilizar la fuerza como herramienta de presión sobre un gobernador elegido democráticamente”, concluyó Alonso.
