la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido una seria advertencia sobre la precariedad de los derechos humanos en Argentina. El Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU, en un detallado informe de crítica, denunció un panorama alarmante que incluye detenciones masivas, un uso desproporcionado de la violencia policial, el empleo excesivo de la fuerza durante protestas y graves deficiencias en la protección de las personas privadas de su libertad. Este organismo internacional demandó que se implementen "medidas urgentes" para detener estos abusos y asegurar el cumplimiento de los "estándares básicos internacionales".
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Contexto del informe y preocupación del CAT
El Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU hizo públicas sus "duras observaciones finales" después de revisar cómo Argentina ha cumplido con la Convención contra la Tortura a lo largo de 2024 y 2025.
El cuerpo de Naciones Unidas, responsable de asegurar la observancia de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes —instrumento adoptado por la Asamblea General de las NU el 10 de diciembre de 1984 y en vigor desde 1988—, considera que el país está experimentando un "retroceso en materia de derechos humanos". Este deterioro, según el Comité, está impulsado por prácticas estatales que quebrantan las "garantías básicas" y crean condiciones que propician la tortura y los malos tratos.
Foco en la Policía y las detenciones
Un aspecto central del informe es la crítica al empleo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y policiales. El Comité documentó numerosas denuncias que mencionan:
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Violencia desproporcionada.
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Hostigamiento en barrios populares, afectando a menores y personas sin hogar.
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Detenciones realizadas sin la debida supervisión judicial.
Particularmente preocupante para la ONU son los "operativos preventivos". Se destaca que la legislación actual aumenta la discrecionalidad policial, lo que puede justificar detenciones en situaciones de flagrancia difíciles de comprobar. Adicionalmente, se advierte sobre la operación de patrullas municipales en la provincia de Buenos Aires que ejecutan tareas sin contar con un marco legal que las respalde.
En relación con el manejo de las manifestaciones sociales, el documento de la ONU señala que diversas normativas emanadas del Ministerio de Seguridad permiten una utilización de la fuerza incompatible con los parámetros internacionales. Entre los temas destacados por el CAT se encuentran:
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La "falta de límites claros para el uso de armamento no letal".
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La "ampliación de facultades para recurrir a armas de fuego".
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La "ausencia de criterios estrictos para contener protestas".
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Los "episodios de represión, como los registrados en Buenos Aires en marzo de 2025".
El organismo demandó que todas las intervenciones policiales sean registradas en video y que este material se ponga a disposición de "investigaciones independientes".
Malos tratos y tortura en cárceles
El informe también puso el foco en el aumento de los reportes por malos tratos y tortura dentro de comisarías y cárceles, con incidentes graves en instituciones provinciales. Se mencionaron como casos extremos: "simulacros de ahogamiento, golpes, abusos sexuales y uso de dispositivos eléctricos".
El CAT identificó problemas estructurales como:
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Sobrepoblación carcelaria.
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Falta de atención médica adecuada.
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Uso excesivo del aislamiento.
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Exámenes físicos efectuados por personal policial, en lugar de médicos.
Otro punto de relevancia es la advertencia sobre posibles "interferencias sobre la Justicia". La ONU manifestó inquietud por las acciones penales iniciadas por el Poder Ejecutivo contra jueces y magistrados que intervinieron en resoluciones sobre detenciones durante las protestas, lo cual podría inducir un "efecto intimidatorio".
La contestación del Gobierno
El Ministerio de Seguridad emitió un comunicado oficial como respuesta al informe, manifestando su "enérgico rechazo" al conjunto de las observaciones finales del Comité.
La cartera dirigida por Patricia Bullrich afirmó que el documento tiene una "marcada orientación kirchnerista" y está "abiertamente influido por grupos militantes y organizaciones", lo cual, a su juicio, evidencia un "sesgo ideológico incompatible con la imparcialidad que exige el sistema internacional de derechos humanos".
El Ministerio argumentó que el informe "omite selectivamente hechos graves" de la gestión anterior, y "ignora de manera absoluta episodios de extrema gravedad ocurridos durante la administración de Alberto Fernández". Como ejemplo, se mencionó el "escándalo del Vacunatorio VIP, que involucró a buena parte de la dotación de altos funcionarios kirchneristas tales como el candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires Jorge Taiana y al entonces presidente del CELS, Horacio Verbitsky, evidenciando un uso discrecional abusivo e ilegal de recursos públicos en plena crisis sanitaria".
El comunicado subraya que, al tiempo que "presenta como políticas impecables a las del gobierno de Alberto Fernández", el CAT "asesta ataques infundados a las políticas de seguridad implementadas por el gobierno nacional, cuyo objetivo es garantizar un espacio público libre de violencia y piquetes, y reforzar el apoyo a las provincias en su lucha contra el delito".
Finalmente, el Ministerio de Seguridad indicó una "flagrante imprecisión" en el reporte, que "atribuye al Poder Ejecutivo la responsabilidad por la falta de designaciones en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, cuando dicha
