El Gobierno anunció que iniciará el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa dedicada a la prestación de servicio de agua corriente y cloacas a la Ciudad de Buenos Aires y a 26 partidos del Conurbano.
"Se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones de la empresa, actualmente en manos del Estado", destalló el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.
La privatización será "a través de un esquema mixto que combina una licitación publica nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico, y una oferta publica inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores", detalló.
Además explicó que en la propuesta se incluye la permanecía de los empleados de la empresa como accionistas de AySA dentro del programa de propiedad participada actualmente vigente, el cual refleja el 10% del capital social de la empresa.
AySA fue reestatizada en 2006 bajo la gestión de Néstor Kirchner, cuando el 90 % de la compañía quedó en manos del entonces ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda. Es la sucesora de Aguas Argentinas, compañía que estuvo activa entre 1993 y 2006, que a su vez sucedió a Obras Sanitarias de la Nación (OSN), fundada en 1912 y privatizada durante la presidencia de Carlos Menem.
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Las excusas del Gobierno para privatizar AySA
En 2024, el Gobierno informó que detectó irregularidades en la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), donde registraron “gastos innecesarios por más de 4800 millones de dólares” durante la gestión anterior. Así lo confirmó Adorni en el marco del saneamiento de las empresas públicas.
"Lejos de dedicarse a brindar un servicio de calidad, la empresa funcionó como una plataforma de campaña para los funcionarios de turno", aseguró Adorni.
El vocero reveló que en la empresa AySA hubo asignaciones de obras y financiación de eventos en distritos alineados al Gobierno de entonces, además de adquisición de camionetas Kangoo a 42.000 dólares cada una y compras de inmuebles durante la pandemia “cuando nos tenían a todos encerrados”.
Detalló que "hubo 200 millones de dólares destinados a obras" de las cuales "el 25% se asignaron a obras en Tigre y Malvinas Argentinas". “Saquen sus propias conclusiones de por qué fue así”, deslizó.
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Cambios en el gabinete
Adorni también confirmó la salida de Miguel Blanco en la SIGEN, el organismo a cargo del control interno del Poder Ejecutivo Nacional y que depende de la Casa Rosada.
El ahora exfuncionario será reemplazado por Alejandro Díaz, un experto en Gobierno y Corporativo, auditorías y sindicatura, que trabajaba hasta ahora en Nucleoeléctrica Argentina, una compañía que responde al Ministerio de Economía.
